Breve contribución académica al debate de la propuesta de reforma del Estatuto de la PUCP

Derecho eclesiástico
Jueves 15 de septiembre del 2016
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Publicamos este artículo que hemos recibido de la profesora Milagros Revilla Izquierdo, experta en Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado, como una contribución al debate en torno a la Propuesta de reforma del Estatuto de la Pontificia Universidad Católica del Perú, recientemente dada a conocer por el Rectorado.

Fieles al espíritu de nuestra casa de estudios, confiamos en que el libre intercambio de ideas y la expresión de distintos puntos de vista sobre asunto de tanta trascendencia para la vida de nuestra comunidad universitaria, enriquecerán la reflexión de todos sus integrantes y ayudarán en particular a los asambleístas a adoptar la mejor decisión sobre la Propuesta.

Conviene explicitar que las opiniones contenidas en el artículo de la profesora Revilla se exponen a título personal y no comprometen la posición ni de la Facultad de Derecho ni de sus autoridades [Nota del Editor].

INTRODUCCIÓN

La Propuesta de reforma del Estatuto (Propuesta) es un trabajo encomiable y representa un gran avance en la consolidación de las relaciones entre la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y la Santa Sede, motivo por el cual los miembros de la comunidad universitaria no podemos dejar de manifestar nuestra gratitud a quienes han participado en su elaboración.

Ahora bien, teniendo en cuenta que lo que hemos recibido es una Propuesta, y como tal no se impone, sino que en cambio se ofrece y se acoge para ser conocida por la Universidad y debatida por sus representantes en la Asamblea Universitaria, este artículo tiene por objeto dar luces sobre la implicancia de algunos términos y/o alcances de las disposiciones de la Propuesta desde el punto de vista del Derecho Canónico y Eclesiástico, teniendo en cuenta la consciente responsabilidad que se asume en la aprobación o no de un documento fundamental para la comunidad universitaria.

En virtud de ello, haremos especial mención de algunos términos que corresponden al Derecho de la Iglesia Católica, como también a ciertas implicancias de su actuación o participación prevista en algunos artículos de la Propuesta.

EL DERECHO CANÓNICO Y EL ESTATUTO DE LA UNIVERSIDAD

En la Propuesta encontramos la expresión “Derecho Canónico”, que es el Derecho de la Iglesia Católica, del cual forma parte tanto el Código de Derecho Canónico de 1983 (CIC), principal documento legislativo, como también otras normas canónicas dadas por el Papa a través de diferentes documentos. Estos pueden ser, una Constitución Apostólica —que, en el caso de las universidades católicas, se denomina Ex Corde Ecclesiae—, un Motu Proprio, entre otros documentos (Miñambres, 2015, p. 498). También se emiten normas a través de los Dicasterios o Congregaciones, u otros entes, en relación a las competencias que ellos tengan o se les otorguen en singulares casos y con aprobación del Papa (Messner y otros, 2013, pp. 38-39; Constitución Apostólica Pastor Bonus, n° 18).

A este respecto, debemos también tener en cuenta que las fuentes del Derecho Canónico son la Biblia, la Tradición, la Teología y el Magisterio (Messner y otros, 2013, p. 6) y que el Derecho Canónico en todo caso sigue una ratio: El Papa es la suprema autoridad y por eso es el legislador universal (Messner y otros, 2013, p. 163), de una institución jerárquica (Constitución dogmática Lumen Gentium, cap. III). En él están concentrados los tres poderes, administrativos, ejecutivos y legislativos; sobre sus sentencias o decretos no se puede plantear apelación o recurso alguno (CIC, cáns. 331, 332 § 3). El Papa es la autoridad suprema de la Santa Sede y es el Jefe del Estado de la Ciudad del Vaticano, que tiene como forma de gobierno la monarquía absoluta.

Considerando las características del Papa previstas en el Derecho Canónico, entonces podremos comprender las consecuencias de su decisión en la institución eclesial, como también el proceder de las autoridades e instituciones dentro de esa estructura jerárquica, sin perjuicio de otras notas que la caracterizan, como son la comunión y su misión.

Un tema distinto es la colaboración y el servicio que estas instituciones y autoridades ofrecen a entidades que tienen un régimen democrático, tal como la valiosa misión que realizan en la transmisión del mensaje religioso a la humanidad. Por lo tanto, existen instituciones que se relacionan en un sentido de colaboración con la Iglesia y otras instituciones que, como tales, forman parte de la Iglesia Católica.

Así pues, debemos tener en cuenta cuál es la situación de las instituciones con las que se relaciona la Iglesia Católica y cómo esto se halla previsto o no en el Derecho Canónico. Sin duda, las personas que integran la Iglesia y las instituciones que se conforman en su interior tienen disposiciones canónicas que expresamente las regulan.

Ahora bien, puesto que el Derecho Canónico tiene un ámbito amplio y una configuración compleja, los Estatutos de la PUCP deben precisar los alcances no sólo de las facultades que se otorgan a la autoridad eclesial en referencia a la ley canónica o el Derecho de la Iglesia, sino también la relación que existe entre la PUCP y la Santa Sede según las normas canónicas, desde que éstas forman parte del Estatuto y como consecuencia de esto tendrán efectos legales.

¿PERSONA JURÍDICA DE DERECHO CANÓNICO PÚBLICO O PRIVADO?

En virtud del CIC 1983, en la Iglesia Católica hay personas físicas y personas jurídicas, que pueden ser privadas o públicas (can. 113 § 2). En el caso de las personas jurídicas canónicas privadas, éstas no actúan en nombre de la Iglesia, se rigen expresamente por sus Estatutos y sus bienes no son eclesiásticos, es decir, son de la propiedad y sujetos a la administración de la persona privada según sus Estatutos (CIC, can. 1257 § 2).

En el caso de las personas jurídicas canónicas públicas, éstas actúan “en nombre de la Iglesia”, es decir, se caracterizan de modo particular por su conexión con el fin institucional de la Iglesia, aquel que realizan sus autoridades como el culto y la transmisión de la doctrina de la Iglesia (Card. De Paolis, 2008, pp. 315-317; CIC, cans. 301, 313), y sus bienes son bienes eclesiásticos, lo que significa que la propiedad de ellos es de la persona pública, pero su administración está sujeta a las normas del Derecho Canónico y los Estatutos (CIC, cans. 1257 § 1, 1258).

Ahora bien, en el art. 2 de la Propuesta falta precisar la naturaleza de la personalidad jurídica canónica de la PUCP. Frente a lo cual caben dos posibilidades:

  1. Si es de personalidad jurídica pública, entonces: primero, la PUCP actúa “en nombre” de la Iglesia; segundo, los bienes de la PUCP se rigen expresamente tanto por el Derecho Canónico como por los Estatutos y se llaman “bienes eclesiásticos”, y aunque la propiedad de los bienes sea de la PUCP, la administración está sin embargo bajo la autoridad del Papa, quien es el supremo administrador y dispensador de los bienes eclesiásticos (CIC, cans. 1256, 1273).
  2. Si tiene personalidad jurídica privada, entonces la PUCP forma parte de la Iglesia Católica, pero no actúa en su nombre, y sus bienes se rigen principalmente por lo que se dispone en el Estatuto.

Al no aclararse definitivamente la naturaleza jurídica canónica de la PUCP, se deja un amplio margen a la discreción de la Santa Sede, lo cual tendría sin lugar a dudas efectos legales en el ordenamiento peruano, ya que esa decisión será parte del Derecho Canónico y por tanto de los Estatutos, tal y como se plantea en la Propuesta. Esa falta de precisión no se soluciona con el tenor del penúltimo párrafo del art. 3 de la Propuesta, que estipula que “[l]as reglas específicas de este Estatuto, que versan sobre el contenido genérico de los cuerpos normativos antedichos, son las que se aplican a la Universidad”.

En ese sentido, el Decreto N° 3168/12/RS, de la Secretaria de Estado, de fecha 11 de julio de 2012, firmado por el Card. Tarcisio Bertone en virtud del mandato del Papa (Decreto 2012), dispone:

3. Se declara al mismo tiempo que la citada Universidad, como persona jurídica pública que es de la Iglesia, sigue sometida a la legislación canónica (…).

Ocurre que, sobre este extremo, no hay ninguna precisión en la Propuesta que lo rectifique o lo ratifique.

Antes del mencionado Decreto, se generaban dudas sobre la naturaleza de la personalidad jurídica canónica de la PUCP, incertidumbre que también tienen muchas instituciones que fueron erigidas durante la vigencia del Código de Derecho Canónico anterior, y que en la actualidad no tienen las características que corresponden al calificativo de pública o privada según el CIC 1983, siendo necesario una aclaración de la misma Iglesia (Card. De Paolis, 2011, p. 129).

A ese respecto, la PUCP no corresponde actualmente a la calificación de persona jurídica pública, y no cuenta con una decisión de la autoridad eclesial competente que afirme la personalidad jurídica privada de la PUCP.

En este sentido, proponemos lo que sugiere el canonista y también cardenal Lluís Martínez Sistach (2002, p. 175):

Para adaptar una asociación erigida o aprobada en virtud del Código de 1917 a la nueva normativa vigente, es aconsejable que los responsables de la Asociación, antes de preparar las modificaciones de los Estatutos y convocar la Asamblea General, se pongan en contacto con los encargados de la autoridad eclesial competente, con el fin de tratar sobre cuál deba ser la naturaleza canónica que adopta la asociación. En la adaptación caben diversas hipótesis según la naturaleza canónica de la asociación existente: 1) Tratándose de asociaciones que fueron erigidas: a) si las finalidades de estas asociaciones no coinciden con las señaladas en can. 301 [en nombre de la Iglesia], deberán configurarse como asociaciones privadas. Es normal que dispongan de personalidad jurídica privada; si las finalidades coinciden con las señaladas en el referido canon, se configurarán como asociaciones públicas (…) (2002, p. 175).

Sobre el particular, no podemos dejar de mencionar que la situación actual de la PUCP es la de una universidad católica “in lato sensu”. En efecto, la doctrina canonista, en virtud del tenor del can. 808 CIC, distingue a las universidades católicas entre las “de iure” o “de facto”, e “in stricto sensu” o “in lato sensu”. La PUCP estaría entre las segundas.

Las “de iure” son aquellas ordenadas a sostener y desarrollar la Iglesia y que explícitamente cumplen una función eclesial de modo oficial, según lo dispuesto en el Derecho Canónico. Las segundas son aquellas que están inspiradas o impregnadas de valores católicos (Mantineo, 1995, pp. 28-29; De Pooter, 1994, p. 49 y ss.).

Un hecho que ratifica la situación “de facto” de la universidad, es la falta del dictado de las clases de teología, asignatura que caracteriza a las universidades católicas según el CIC, que recoge lo indicado por la Declaración Gravissimum educationis, respecto a la enseñanza de la teología que contribuye a asegurar la identidad y la especificidad católica de la universidad y que ratifica la Const. Ap. Ex Corde Ecclesiae, n° 19: Considerada la importancia específica de la teología entre las disciplinas académicas, toda Universidad Católica deberá tener una Facultad o, al menos, una cátedra de teología .

En el supuesto de que no se aprobase la Propuesta de reforma del Estatuto, la PUCP seguirá en una situación de universidad católica de facto o en sentido lato, porque está impregnada de los valores católicos que identifica en los Estatutos actuales.

EL CASO PARTICULAR DE LA PUCP

Desde los Estatutos de los años 70 del siglo pasado, en virtud de las disposiciones legales del Gobierno de facto que tomó el poder en 1968, la PUCP se rige por las leyes del Estado peruano, y no se sujeta a las leyes canónicas en lo concerniente a la designación de las autoridades y a la administración de los bienes eclesiásticos. Pese al carácter dictatorial del Gobierno de entonces, se logró que se reconociera y garantizase el ideario católico y una relación en el ámbito espiritual y de la fe con el Gran Canciller, mientras el Episcopado Nacional y la Santa Sede son reconocidos en el Reglamento.

Es decir, se continuó garantizando lo que es más importante para toda confesión religiosa —en este caso, la Iglesia Católica—, como es la misión de difundir y enseñar su fe y dar testimonio de ello, no solo a través del servicio pastoral, sino también con la cátedra de teología, la participación de los representes del Episcopado y la relación con el Gran Canciller en todo lo que tenga que ver en materias de fe y teología. Igualmente, se estableció una participación como miembros de la Asamblea General de la Universidad.

Así pues, es desde entonces que la Asamblea Universitaria, el órgano máximo de la Universidad, adopta y comunica sus decisiones, y no espera la confirmación de otro ente superior a él.

Ahora bien, la Iglesia Católica consagró ese estado de cosas, cambiadas por el Gobierno de facto en 1968, porque, al firmar el Concordato o Acuerdo entre la Santa Sede y el Estado peruano en 1980, no puso ninguna reserva al respecto de lo sucedido, sino que, en cambio, se sujetó a las leyes del Estado.

Por esta razón, la Iglesia no tendría por qué intervenir o pretender intervenir ni en la organización a través de la designación de sus autoridades ni en la administración de los bienes de la Universidad, conforme prevén el art. 140 y ss. de la Propuesta, como si fuésemos una persona jurídica pública o los bienes fuesen eclesiásticos, ya que no hay norma actual que se lo faculte, salvo que se quisiera dar valor al Decreto de 2012.

La PUCP se caracteriza por un iter histórico que la ha hecho un caso particular, y ello porque, continuando con su identidad de universidad católica, la organización administrativa y de gobierno adoptada y llevada a la práctica ha sido propicia para que no se haya condicionado la enseñanza y libertad académica o de cátedra, ni el trabajo administrativo a criterios confesionales ni al de “una” moral como límites ni para acceder, ni para desempeñarlos. Tanto es así que, en momentos más críticos, la vida comunitaria de la PUCP continuó porque no dependía ni depende en su organización de la autorización de la Santa Sede, y todo esto sin desmedro de los valores católicos y éticos que se encuentran también recogidos en los actuales Estatutos.

Por su historia no solo fundacional, sino también por las características de su organización desde los años 70 en adelante, la PUCP no debe ser fácilmente comparada o asimilada a la organización de las universidades pontificias de la región, fundadas por la autoridad eclesiástica —unas por el arzobispo otras por la reunión de obispos—, ni tampoco a las que, siendo pontificias, fueron fundadas por una Orden, como la de los Jesuitas; y que corresponden, desde sus orígenes hasta la actualidad, al régimen canónico de una persona pública de la Iglesia.

En el supuesto de que se aprobase la Propuesta de reforma del Estatuto sin modificaciones, se comprenderá que somos una universidad católica en sentido estricto, pero también que la Iglesia Católica intervendrá en la administración de los bienes y en la gestión del personal de la comunidad universitaria, porque, sin declarar fehacientemente que es una persona pública canónica, pone en práctica el calificativo que se le dio en el Decreto de 2012, y sobre todo porque la Iglesia tendría injerencia en la administración, como corresponde a ese tipo de persona (ver los arts. 140 y ss. de la Propuesta). Excediendo de esa manera las facultades que ya tiene la Iglesia Católica de participar en la vida comunitaria de la PUCP, mediante sus representantes en la Asamblea Universitaria, la enseñanza de la teología y el servicio pastoral, entre otras modalidades, previstas en los Estatutos actuales.

LA AUTONOMÍA ORGANIZATIVA DE LA IGLESIA EN RELACIÓN A LA PUCP Y EL NOMBRAMIENTO DEL GRAN CANCILLER

Cuestión distinta es que actualmente la Iglesia Católica no ejerce las facultades que tiene en materia de enseñanza de la teología en la Universidad, lo cual sucede porque ella misma se ha retirado, es decir, ha supeditado el interés de manifestar su doctrina a través de la enseñanza a otros intereses, como en efecto es libre de hacer. Y es que la organización interna de una religión o confesión religiosa forma parte de su autonomía (Constitución Política del Perú, art. 50), en virtud de la cual ella decide quién tiene la potestad de dar la autorización para que se enseñe en su nombre, y no se le puede imponer que sea el Arzobispado o la Conferencia Episcopal. Si ha dejado por años y continúa dejando que sea el Arzobispo quien tenga la decisión sobre los profesores de teología en el caso de la PUCP, eso forma parte de su Derecho, que es jerárquico.

Si la Iglesia decide que sea la Conferencia Episcopal quien tenga la autoridad para designar a los profesores de teología, ello se debe aceptar, porque depende de su organización interna adoptar esta decisión. Si en la Propuesta se establece que el Gran Canciller sea el Presidente de la Conferencia Episcopal u otro que represente a la Iglesia en la comunidad universitaria, ello se debe respetar porque la autoridad eclesial está en su derecho de designar a sus representantes, como corresponde a la autonomía de toda confesión religiosa.

La experiencia pasada y reciente demuestra que los representantes de la Iglesia son libres de participar en la Asamblea Universitaria, de la que son miembros de derecho. Son tan libres que, cuando han decidido hacerlo, han participado con la designación de los mismos obispos en varias oportunidades o con otros obispos designados para sesiones puntuales, siguiendo unos criterios internos que corresponden a la autonomía de toda confesión religiosa y, en este caso, a su Derecho Canónico.

Es decir, la Iglesia cuenta con plena autonomía para designar el obispo o los obispos que la representarán en la Asamblea Universitaria y en la toma de decisiones que tengan que ver con la fe y la teología.

¿INTERVENCIÓN DE LA IGLESIA EN LA ELECCIÓN Y CALIFICACIÓN DEL PERSONAL DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA?

Dar a la Iglesia facultades para que intervenga de alguna manera en el proceso de elección y calificación de la conducta del personal de la comunidad universitaria no forma parte de su derecho como confesión religiosa, a no ser que se decida que lo tenga en el supuesto que se apruebe la actual Propuesta de reforma del Estatuto.

En ese sentido, se debe observar la redacción del art. 5 de la Propuesta, que presenta un tenor demasiado genérico respecto al “deber y el derecho” de la Conferencia Episcopal y los obispos diocesanos interesados en lo referente a los “principios de la doctrina católica”, porque los principios de la doctrina católica son teológicos, morales —ver el Catecismo de la Iglesia Católica— y sociales. Y aunque ese “deber y derecho” se prescribe en el can. 810 del CIC 1983, se debe advertir que es una gran portada para poder intervenir en la postura moral que puedan tener los profesores no solo en teología, sino también en otras áreas del saber y que eventualmente no sean conformes a la doctrina católica, y afectar las manifestaciones y actividades que se puedan llevar a cabo dentro de la universidad.

El artículo 79 de la Propuesta es una demostración de la injerencia de la Iglesia en asuntos que exceden su autonomía, pues estipula su intervención en el Comité Electoral, es decir, consagra la intervención de la autoridad eclesial en una manifestación de la vida universitaria tan importante como los procesos de elección, y ya no sólo en los espacios y materias que habían sido originalmente previstos en términos precisos, como es la fe y la teología. A este respecto, se debe observar los demás artículos de la Propuesta en donde se regula la actuación del Comité Electoral.

De otro lado, sobre la información acerca de la identidad católica y de sus “implicaciones”, que se prescribe en los arts. 104 y 136, al momento de suscribir el contrato en el caso de los profesores, o en el nombramiento de los docentes o personal administrativo, cabe preguntar si esta información será considerada en el contrato de los docentes. Porque el art. 3 de la Disposición Transitoria de la Propuesta establece una relación entre los requisitos del art. 104 y la conclusión del contrato. Aunque la Disposición se refiere a las acreditaciones académicas, el hecho de que la “identidad católica y sus implicaciones” se encuentren dentro del mismo artículo que se dedica a un elenco de requisitos que en caso de incumplimiento serían motivo de conclusión de un contrato, no es nada acertado.

Al respecto, hay una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en la causa Lombardi Vallauri vs. Italia (Recurso n° 39128/05, sentencia del 20 de octubre de 2009), en la que se declaró la violación de las libertades de expresión, pensamiento, conciencia y religión, y del derecho al debido proceso, con ocasión del despido arbitrario de un profesor de Filosofía del Derecho de la Universidad Católica de Milán. En este caso, se declaró que Italia había violado la Convención Europea de Derechos Humanos, lo que en la práctica recaía sobre la Universidad que adoptó la decisión y que intervino como tercera parte en el proceso, afirmando que al profesor se le habían comunicado los motivos religiosos en una conversación con un delegado de la Congregación para la Educación Católica, conversación de la que sin embargo no hubo prueba. La mencionada Congregación le comunicó al Rector que no renovase el contrato porque el profesor tenía “algunas posiciones que se oponen claramente a la doctrina católica” (fundamento 30), sin tener en cuenta más de veinte años de renovación del contrato y que el mencionado profesor recibía reconocimiento por la calidad científica de su trabajo por parte de sus colegas.

La Santa Sede no fue y no podía ser juzgada porque no es parte de la Convención Europea de Derechos Humanos y por eso no está sujeta a la jurisdicción de la Corte Europea. Otros ejemplos pueden abundar en la materia, pero creo que este es suficiente.

Reaparece entonces la cuestión crucial de si la PUCP es una persona jurídica pública de la Iglesia, o sea, no una entidad autónoma en sentido estricto, pues únicamente así se podría comprender la intervención de la autoridad eclesial no sólo en los asuntos pastorales o de fe, sino en el proceso de la vida de la comunidad universitaria a través de sus representantes, y en la economía de la universidad con los cambios previstos en los art. 140 y ss. de la Propuesta.

SOBRE EL RECTOR (ART. 90 Y ART. 6C) Y LOS PROFESORES QUE NO SON CATÓLICOS (ART. 104)

Si la naturaleza canónica de la personería fuera pública, sería totalmente lógico, en el caso de una universidad que actúa “en nombre” de la Iglesia, que quien la represente se identifique plenamente con ella. Por eso, aquello de que el Rector/a sea católico/a y tenga “integridad de vida católica” sería comprensible.

De otro lado, la profesión de fe del Rector se exige a todo Rector de una universidad católica según el Código de Derecho Canónico (CIC, can. 833,7); es decir, no es solamente una exigencia para la PUCP.

En la Disposición Final n° 3.b del Estatuto actual, se dispone poner en conocimiento de la Autoridad Eclesial competente “el nombre del Rector elegido por la Asamblea Universitaria, para los fines de su confirmación según las normas de la Iglesia”.

Lo que ha sucedido en el caso particular de la PUCP es que, como no se le daba la confirmación al Rector, él, como consecuencia, no hacía la profesión de fe. Sin embargo, aunque la Santa Sede no ha ratificado al Rector en la gestión actual ni en la anterior, ni tampoco ha aprobado para sus fines los Estatutos, hasta el año 2012 tanto la PUCP como el Dr. Marcial Rubio en su calidad de Rector aparecían dentro del elenco de las universidades católicas en el Annuario Pontificio, un directorio de la Santa Sede con difusión universal (2012, p. 1758).

En este escenario, si un profesor no fuera católico, ciertamente no podría ser candidato a Rector y, en su caso, tampoco podría prestar la profesión de fe, que incluye el “Credo” y las siguientes afirmaciones:

Acepto y retengo firmemente, asimismo, todas y cada una de las cosas sobre la doctrina de la fe y las costumbres propuestas por la Iglesia de modo definitivo. Me adhiero, además, con religioso obsequio de voluntad y entendimiento a las doctrinas enunciadas por el Romano Pontífice o por el Colegio de los Obispos cuando ejercen el Magisterio auténtico, aunque no tengan la intención de proclamarlas con un acto definitivo (Congregación para la Doctrina de la Fe 1998, subrayado añadido).

Ahora bien, también podrían ser impedidos de ser Rector los católicos divorciados que se hayan vuelto a casar, los católicos convivientes, los que hayan apoyado públicamente la unión civil del mismo sexo, los que hayan apoyado públicamente la distribución de la píldora del día siguiente, porque se podría entender que ello no corresponde a la “rectitud de doctrina” e “integridad de vida católica”.

LA NECESARIA RELACIÓN ENTRE EL ART.3, ART. 6.d Y LA DISPOSICIÓN FINAL N° 3

Teniendo en cuenta que el art. 3 comprende un elenco de las normas que rigen a la PUCP, entre las cuales se encuentra el Derecho Canónico, es necesario llamar la atención sobre el art. 6.d, que señala que “[l]a Congregación para la Educación Católica deberá confirmar la elección del Rector”. Ahora bien, ¿qué pasa si no lo confirma? Por eso, se debe especificar que la confirmación será para efectos de las normas de la Iglesia Católica y que esto se hace sin perjuicio de los efectos de la elección en el ordenamiento jurídico peruano. En todo caso, sería más idóneo, en vez de solicitar una confirmación, meramente comunicar la elección.

Esta cuestión tiene relación con el tenor de la Disposición Final N° 3, primer y tercer párrafos. El primer párrafo se refiere a Estatuto y luego el tercer párrafo señala como casos excepcionales aquello que en el art. 6 parece no serlo. En este caso, también debe quedar claro que la aprobación del Estatuto no afectará su vigencia, y que la elección del Rector se comunicará.

EL ORDENAMIENTO JURÍDICO PERUANO Y LA PUCP

La Propuesta comprende artículos que disponen que la PUCP se rige por la Constitución Política del Perú, la Ley Universitaria y demás normas del Estado (art. 3 y Disposiciones Finales n° 2 y n° 3). En el caso del personal administrativo particularmente, se menciona el reconocimiento de sus derechos constitucionales (art. 137).

En esta oportunidad, teniendo en cuenta el marco constitucional sobre los profesores, debemos también considerar la sentencia del Tribunal Constitucional peruano sobre el art. 18 de la Constitución, que reconoce la libertad de cátedra y la autonomía universitaria (STC 0091-2005-PA/TC, fundamento 8). Sobre este extremo, debemos advertir que las normas de la Iglesia no utilizan el término de libertad de cátedra, sino en cambio el de autonomía científica (CIC 1983, can. 809), y el de la libertad académica (Const. Apost. Ex Corde Ecclesiae, n° 12).

Respecto a la legislación estatal, el Derecho Canónico también prevé el reconocimiento a las leyes del Estado que se identifican como leyes civiles, sobre todo en el caso de la legislación sobre los bienes materiales y en el de la prescripción, en tanto no sean contrarias al Derecho divino ni se disponga otra cosa en el Derecho Canónico (CIC 1983, cans. 22 y 1284).

Ahora bien, ciertamente el que el Estatuto recoja de manera expresa las normas del ordenamiento peruano que rigen a la PUCP garantiza los derechos de los miembros de la comunidad universitaria. Sin embargo, como el Estatuto también comprende al Derecho Canónico, y considerando que este tiene características que no coinciden con aquellas que tienen los Estados y tampoco con las que tienen otras confesiones religiosas, se ha visto oportuno, en lo posible, aclarar el alcance de sus disposiciones y las posibles consecuencias de sus términos.

En nuestra casa de estudios, ya hemos tenido oportunidad de experimentar que las disposiciones de la autoridad eclesiástica sobre la no renovación del mandato de los profesores de teología, dictada en virtud del Derecho Canónico, no pudieron ser previstas, por lo intempestivas. Pero el Arzobispo pudo tomar esa decisión porque tanto el Estatuto (art. 103) como el CIC 1983 (can. 812) lo prescriben. Felizmente, frente a lo sucedido, se tomaron decisiones inmediatas para evitar perjuicios en el programa académico de estudios.

En ese sentido, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos resuelve casos en los que la aplicación de las normas del Derecho Canónico ha generado circunstancias que fueron objeto de recursos sobre la vulneración de derechos (Fernandez Martínez vs. España, fundamento 58; Schüth vs. Alemania, fundamentos 48 y 71; entre otros), a pesar de que el Estado y la institución en la que se realizaron los hechos se rigen por la Norma Suprema que es la Constitución del país.

CONCLUSIÓN

En virtud de la determinación de la personalidad jurídica de la PUCP para la Santa Sede, se comprenderá la intervención de la Iglesia no solo en los asuntos pastorales, de fe y de teología, sino también en el proceso de la vida de la comunidad universitaria a través de sus representantes, y en la economía de la universidad.

No pudiendo ahondar y ser mas exhaustivos sobre la Propuesta por las limitaciones de espacio y el poco tiempo disponible, finalizamos deseando éxitos a la Asamblea Universitaria en el proceso y toma de decisión sobre la aprobación o no de aquélla, lo que sin duda será de vital importancia para nuestra Universidad.

BIBLIOGRAFÍA CITADA

Congregación para la Doctrina de la Fe (1998). Fascículo que recoge tres documentos concernientes a la Nueva fórmula de la «Profesión de Fe». En http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_1998_professio-fidei_sp.html.

Estado de la Ciudad del Vaticano. Órganos del Estado y respectivos poderes. En http://www.vaticanstate.va/content/vaticanstate/it/stato-e-governo/organi-dello-stato.html.

Card. De Paolis, V. (2011). I beni temporali della Chiesa. Nuova Edizione Aggiornata e Integrata. Bologna: Edizione Dehoniane Bologna.

Card. De Paolis, V. y D’Auria, A. (2008). Le Norme Generali. Commento al Codice di Diritto Canonico. Libro I. Città del Vaticano: Urbaniana University Press.

Card. Martínez Sistach, Ll. (2002). Las asociaciones de fieles. Cataluña: Facultad de Teología de Catalunya.

De Pooter, P. (1992). Le Université Catoliche au service de l’Eglise et de la Societé. En Ius Ecclesiae, 4, 45-78.

Mantineo, A. (1995). Le Università Cattoliche. Nel diritto della Chiesa e dello Stato. Milano: Giuffré.

Messner, F. y otros (2013). L’inseignement du droit canonique. Contenu, méthode, épistémologie. En Revue de Droit Canonique, t.61/1.

Miñambres, J. (2015). Primi rilievi sugli Statuti dei nuovi organismi economici della Santa Sede. En Ius Ecclesiae, 27, 141-155.

Santa Sede (2012). Annuario pontificio per l’anno 2012. Città del Vaticano: Libreria editrice vaticana.

Tribunal Europeo de Derechos Humanos (2009). Affaire Lombardi Vallauri c. Italie, (Requête no 39128/05) en http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-95150.

 

COMENTARIOS

  • César Salas dice:

    Felicito a la autora del artículo por haberse dado el trabajo de explicar temas que no suelen ser conocidos por la inmensa mayoría de la comunidad universitaria. Es un texto claro y un magnífico aporte.

  • Juan Carlos Díaz Colchado dice:

    Excelentes comentarios sobre un tema ade vital importancia para la comunidad universitaria. Muchas gracias Mili!!!!!

    Esperamos tu pronto regreso.

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