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Filosofía del Derecho Miércoles 16 de septiembre del 2015

Cuestionamientos al principio de laicidad del Estado peruano

Introducción

Podemos definir a la laicidad como un principio que orienta la organización político-social, persiguiendo la neutralidad del Estado frente a la religión (Abad 2012: 19). Se trata de un principio que hay que ver de modo instrumental, y no como un fin en sí mismo, pues se encuentra al servicio de los derechos de libertad e igualdad de los individuos; de manera que en un Estado constitucional y democrático de Derecho la interpretación que se haga del mismo debería estar orientada a la garantía y realización de esos derechos.

El surgimiento del principio de laicidad en el Estado de Derecho moderno permitió consolidar una concepción liberal de los derechos y –en la línea del pensamiento liberal– la neutralidad estatal frente a las concepciones éticas o religiosas particulares. El mecanismo que la doctrina liberal utilizó para lograr dicha neutralidad fue el de la separación entre Estado e Iglesia(s).

Aunque formalmente el Estado peruano se define como laico, la actuación de los actores públicos y privados involucrados evidencia una concepción de laicidad y de neutralidad del Estado muy deficitaria.

El problema de la laicidad positiva y el principio de colaboración con la Iglesia

Como sabemos, el concepto de libertad negativa alude a la libertad de acción y elección del sujeto frente al Estado o cualquier otra fuerza que impida u obstaculice su acción o que lo obligue a hacer aquello que va más allá de su voluntad.

El concepto de libertad positiva, en cambio, está vinculado a la idea de autonomía y a la posibilidad de que, en términos reales y no meramente formales, un sujeto pueda actuar libremente, conforme a su voluntad y no condicionado por las fuerzas o limitaciones del entorno (por ejemplo, por las necesidades económicas, la dominación ejercida por otros, etc.).

La libertad religiosa también puede ser entendida como una libertad de tipo negativo o positivo. La consecuencia de asumir una concepción positiva de este derecho es la atribución de una función promotora, no sólo facilitadora, de este derecho por parte del Estado.

En el caso peruano, nuestro Tribunal Constitucional ha defendido la tesis de la libertad religiosa en sentido positivo y, a partir de ello, una noción de laicidad positiva. Dicha interpretación del principio de laicidad vendría avalada también por el principio de colaboración con la Iglesia Católica que ha sido recogido en el artículo 50 de nuestra Constitución.

Sin embargo, resulta problemático defender la laicidad positiva, a partir de la idea de libertad positiva, pues, como vimos, la libertad positiva lo que busca es remover los obstáculos sociales o materiales que impiden una libertad real. Como dice Ruiz Miguel:

(…) la aplicación de la noción de “acción positiva” a las ayudas a la Iglesia católica constituye una clara inversión de tal noción, si no también una perversión, en cuanto que en su caso consisten en ayudas a un grupo mayoritario que no ha venido sufriendo discriminación ni desventaja alguna, sino más bien todo lo contrario, y cuyo objetivo no es conseguir la igualdad social entre las creencias religiosas sino mantener, e incluso aumentar, el predominio sociológico de que viene gozando (Ruiz Miguel y Navarro-Valls 2009: 165).

Por eso, para este autor únicamente la libertad religiosa en sentido negativo sería acorde con una verdadera concepción laica del Estado. La laicidad positiva, en cambio, estaría basada en una concepción comunitarista y antiliberal, en la medida que pone el énfasis en la comunidad (Iglesia, entidad religiosa, etc.) y no en el individuo.

Sin embargo, quienes defienden la laicidad positiva suelen identificar la neutralidad que se le exige al Estado con una suerte de adhesión al ateísmo o al agnosticismo. Así, por ejemplo, nuestro Tribunal Constitucional cuando sostiene que aunque el principio de laicidad define al Estado como radicalmente incompetente ante la fe:

(…) no significa que, con la excusa de la laicidad, pueda adoptar una actitud agnóstica o atea o refugiarse en una pasividad o indiferentismo respecto del factor religioso, pues, en tal caso, abandonaría su incompetencia ante la fe y la práctica religiosa que le impone definirse como Estado laico, para convertirse en una suerte de Estado confesional no religioso. Así, tanto puede afectar a la libertad religiosa un Estado confesional como un Estado “laicista”, hostil a lo religioso (2011, fundamento 28).

Es falaz presentar a la laicidad como laicismo militante y, de este modo, oponerla a la laicidad positiva.

La laicidad liberal bien entendida es un principio al servicio de los derechos de libertad y de igualdad de todos los sujetos. Cuando no es concebida dogmáticamente (como el laicismo), sino que está abierta a la ponderación en los casos concretos, supone en principio la neutralidad del Estado frente a las creencias religiosas, que no le toca auspiciar ni promover. Y no promover no es igual a perseguir.

Por ilustrarlo con un ejemplo: Es posible acompañar a quien reza (compartir su fe como un creyente); mantener una prudencial distancia respecto de él (la distancia de quien ni comparte ni rechaza: el caso del indiferente, pero también del respetuoso de la creencia); finalmente, es posible prohibir al que reza que lo haga. El punto en el que se encontraría el Estado laico es el segundo y no el tercero.

Algunos ejemplos en el caso peruano

En la sentencia que resolvió el conocido caso de los crucifijos y la Biblia en las salas y despachos judiciales (2011), el Tribunal Constitucional consideró legítima la presencia de esto símbolos de la religión católica en dichos espacios, arguyendo el valor cultural, no necesariamente religioso, de los mismos.

Al contrario de lo que sostuvo nuestro Tribunal, en el sentido de que «por mucha actividad de reconocimiento, tutela y promoción del factor religioso que desarrolle [el Estado], se comportará siempre como Estado laico» (2011, fundamento 25), considero que en casos como estos en los que se admite la presencia de los símbolos de una fe particular en el ámbito público institucional (juzgados, salas judiciales o despachos judiciales), el Estado emite un mensaje de respaldo en nada neutral y, con ello, deja de comportarse como un Estado laico.

Pero además, el argumento de la tradición que resalta el significado histórico-cultural de los símbolos en cuestión, los cuales en teoría habrían perdido buena parte de su significado religioso para tornarse símbolos culturales, no parece convincente pues, como afirma Fernando Rey, en el caso del crucifijo no estamos ante una tradición religiosamente neutra (Rey 2011: 13-15).

En este tipo de casos es fundamental evaluar lo que la Corte Constitucional colombiana denomina el carácter predominantemente cultural de la manifestación concreta. Así, por ejemplo, en el caso en el que se analizó la constitucionalidad del descanso laboral dominical y de los días festivos nacionales, provenientes de la tradición católica, la Corte colombiana consideró que, aunque en su origen tuvieron raíces religiosas, hoy priman elementos culturales propios de la sociedad colombiana, de manera que hubo una evolución desde el rito religioso y el compromiso del Estado con la Iglesia hacia: «motivaciones de carácter laico,  que buscan asegurar el esparcimiento, el gozo, el descanso de los asociados, o la previsión social de las clases trabajadoras, o sus condiciones de remuneración, o los elementos económicos principalmente concernientes a la productividad en este sector…» (2010: 33-35).

Atender al nivel de incidencia que tiene el mensaje religioso en el caso de la presencia de símbolos religiosos en espacios públicos, supone pues una valoración que no puede ser sino particular y contextual.

Por eso, nuestro Tribunal Constitucional incurre en una mala argumentación cuando, al valorar la posible prohibición de ciertas manifestaciones de fe, compara casos que no son comparables entre sí. Por ejemplo, en el fundamento 50 de la sentencia referida al caso del crucifijo, cuando dice que:

(…) habría igualmente que prohibir la exposición de símbolos religiosos en las calles, como las cruces en la cima de los templos, ya que su presencia podría resultar emocionalmente perturbadora para los no creyentes.

Así, por ejemplo, el Estado, en nombre de una supuesta laicidad, tendría la obligación de retirar la cruz del cerro San Cristóbal o prohibir el recorrido por lugares públicos de la procesión del Señor de los Milagros, o suprimir del calendario de feriados no laborables fechas de origen religioso católico como la Navidad o el Jueves o el Viernes Santo (2011).

Al contrario de lo que parece decir nuestro máximo Tribunal, no es lo mismo retirar crucifijos de las salas judiciales (signo claro de una fe, y no mero elemento cultural, situado además en un espacio público institucional) que retirar esa misma cruz del cerro San Cristóbal (un espacio público, pero no institucional). Tampoco sería lo mismo prohibir el recorrido por lugares públicos de la procesión del Señor de los Milagros (hecho que no debería prohibirse) que promover o aceptar su recorrido dentro de establecimientos públicos institucionales (como juzgados, ministerios, etc.).

Esa falta de matices se advierte también en otro caso en el que el Tribunal  sostuvo que:

Así se explica que diversos signos de identidad del Estado, como escudos o nombres de municipios o instituciones públicas, así como conmemoraciones o actuaciones institucionales (por ejemplo, la tradicional Misa y Te Deum por el aniversario de la independencia nacional) se encuentren vinculados a la religión católica o resulte reconocible su origen religioso cristiano, como lo que acontece también con nuestro himno nacional (“[…] antes niegue sus luces el sol, que faltemos al voto solemne que la patria al Eterno elevó” [coro]; “[…] renovemos el gran juramento que rendimos al Dios de Jacob” [estrofa VI] (2013, fundamento 17).

La denominada Misa y Te Deum me parece que es el mejor ejemplo de lo que no constituye laicidad del Estado. Una misa no es una cuestión cultural (o meramente cultural, pues obviamente casi cualquier rito religioso es cultural también), es una manifestación propia de una fe. Por tanto, es engañoso sostener que la Misa y Te Deum es un signo identitario de la nación, sin atender a que se trata de una tradición claramente religiosa, con rito y sermón incluido, y al que asisten las principales autoridades del Estado, no en su calidad de fieles sino de representantes de un Estado que se supone laico.

Al contrario, pienso que el himno nacional es obviamente un símbolo patrio y sus estrofas alusivas a Dios pueden entenderse en función al momento histórico en que fue creado. Aunque a algunos no creyentes pueda resultarles chocante la referencia a Dios, considero que sería un despropósito –no creo que sea razonable– plantear una iniciativa a fin de eliminar esas menciones que surgieron en un momento claramente determinado por la religiosidad y la falta de distinción entre los ámbitos religioso y estatal.

La aplicación del principio de laicidad liberal no supone, por tanto, ir quitando estrofas al himno ni eliminando los nombres santos de las calles y plazas que así los obtuvieron históricamente. La ponderación en cada caso concreto, en la que se debería atender a criterios como el del carácter predominantemente cultural de la manifestación concreta, su ubicación (espacios privados o públicos y, dentro de estos últimos, institucionales o no), entre otros, debe guiar la aplicación del principio de laicidad en cada caso concreto, siempre orientado a la garantía de los derechos de libertad e igualdad que lo justifican en un Estado constitucional de Derecho.


Bibliografía

ABAD, Samuel

2012   ¿Es el Perú un Estado laico? Análisis Jurídico desde los derechos sexuales y                       derechos reproductivos. Lima: Católicas por el Derecho a Decidir–Perú.

CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA

2011   C-766/10. Sentencia: 22 de septiembre de 2010. Consulta: 13 de septiembre de               2015.

          http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/c-766-10.htm

REY, Fernando

2011   “Símbolos religiosos en espacios públicos (del Tribunal Europeo de Derechos                  Humanos al Tribunal Constitucional peruano”. Memoria del X Congreso de                      Derecho Constitucional del Perú.

RUIZ MIGUEL, Alfonso y Rafael NAVARRO-VALLS

2009   Laicismo y Constitución. Madrid: Fundación Coloquio Jurídico Europeo.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

2013   Expediente N° 03372-2011-PA/TC. Sentencia: 19 de marzo de 2013. Consulta: 13             de septiembre de 2015.

          http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2013/03372-2011-AA.pdf

2011   Expediente N° 06111-2009-PA/TC. Sentencia: 7 de marzo de 2011. Consulta: 13 de           septiembre de 2015.

          http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2011/06111-2009-AA.html

 

Fotografía tomada de www.lucidez.pe

2 Comentarios

  1. Rafael dice:

    El Tribunal Europeo de DDHH, aun siendo una corte laicista, ha reconocido que la presencia de crucifijos en los tribunales no viola la separación entre Iglesia y Estado, y es expresión de una tradición. La autora va más allá. Con todo, el retiro de crucifijos, más que una postura neutral, lo que parece es tomar posición o privilegiar la postura de aquellos que no creen.

  2. Betzabe Marciani dice:

    Estimado Rafael:
    Creo que la postura del Tribunal Europeo, en esto, está equivocada. De otro lado, no entiendo en qué sentido consideras que es una corte “laicista”, pero no es lo importante ahora mismo.
    El argumento de la tradición -efectivamente, usado para defender la laicidad positiva- lo que hace es respaldar una concepción particular del bien (la de la mayoría) y eso, precisamente, viola el principio de neutralidad liberal.
    No creo que se deba retirar los crucifijos en cualquier espacio. Me parece que en los supuestos en que entra en conflicto el principio de laicidad la argumentación siempre va caso por caso, pero, en el caso concreto el problema es que se trata de un espacio público institucional en el que la aparición de símbolos religiosos es una forma de respaldo de cierta creencia. Que eso pueda defenderse a partir del criterio de tradición es cuestionable, pero lo que resulta más cuestionable es que se diga que eso es neutralidad o laicidad liberal.
    Gracias por tu comentario

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