Consecuencias jurídicas de la futura decisión de la Corte interamericana en torno al indulto del ex Presidente Fujimori

Derecho constitucional
jueves 8 de febrero del 2018
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Introducción

El Estado peruano tiene la obligación jurídica internacional de cumplir las sentencias y resoluciones de la Corte. Por un lado, en virtud del principio pacta sunt servanda, los Estados deben cumplir de buena fe los tratados que ratifican[1] y, en consecuencia, no pueden invocar   su derecho interno para incumplir un tratado[2], de conformidad con la Convención de Viena.

Por otro lado, los Estados Parte de la Convención americana para los derechos humanos (en adelante “CADH”), están obligados jurídicamente a “respetar” y “garantizar” los derechos consagrados en ella, según el artículo 1.1º[3]. Una de las manifestaciones concretas de esta obligación jurídica internacional de “garantizar” los derechos consagrados en la CADH, es el deber jurídico convencional de los Estados de adoptar “las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos”, consagrado en el artículo 2º[4]. Según la jurisprudencia de la Corte, este deber jurídico convencional tiene, además, dos expresiones: por un lado, el deber de suprimir toda norma o medida de cualquier naturaleza y, por otro lado, el deber de expedir normas o implementar medidas.[5]

Cabe precisar que debe entenderse por “Convención” no sólo el texto de la CADH, sino también la interpretación que de la misma realice la Corte, según la sostenida jurisprudencia interamericana y el cada vez más extendido consenso académico en el continente americano. Al respecto, el actual Presidente de la Corte, Eduardo Ferrer Mac Gregor, sostiene que la norma convencional debe entenderse como “norma convencional interpretada (res interpretata)”[6]

Este entendimiento de la norma convencional como “norma convencional interpretada” ha sido recogido por la legislación y la jurisprudencia peruanas. El artículo V del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional peruano, dispone que el contenido y alcances de los derechos fundamentales debe interpretarse no sólo de conformidad con los tratados de derechos humanos, sino también con “las decisiones adoptadas por los tribunales internacionales sobre derechos humanos constituidos según tratados de los que el Perú es parte.”[7]

Por su parte, la sostenida jurisprudencia del Tribunal Constitucional del Perú ha señalado también que “… la capacidad interpretativa y aplicativa de la Convención que tiene la Corte interamericana… hace que la interpretación de las disposiciones de la Convención que se realiza en todo proceso, sea vinculante para todos los poderes públicos internos, incluyendo, desde luego, a este Tribunal.”[8]

  1. Las sentencias y resoluciones de la Corte interamericana tienen fuerza de cosa juzgada internacional y mayor intensidad del control de convencionalidad en sede nacional.

Las sentencias y resoluciones de la Corte interamericana tienen fuerza de “cosa juzgada internacional”.[9] Este intenso efecto jurídico vinculante se desprende claramente del artículo 67º de la CADH: “El fallo de la Corte será definitivo e inapelable…” y, ante ello, los Estados están obligados a cumplir tales sentencias y resoluciones, de conformidad con el artículo 68.1º de la CADH: “Los Estados partes en la Convención se comprometen a cumplir la decisión de la Corte en todo caso en que sean partes.” (Subrayado nuestro) Nótese que el artículo citado se refiere genéricamente a la “decisión” de la Corte, esto es, no sólo a sus sentencias de fondo sino a toda otra decisión que adopte en el marco de un caso concreto.

La jurisprudencia de la Corte distingue, a su vez, dos tipos de intensidad o vinculación del control de convencionalidad al que están obligadas todas las autoridades nacionales. Por un lado, la Corte considera que el control de convencionalidad es de una gran intensidad o vinculación respecto a los Estados que son parte en un caso concreto, entre otras consideraciones, por la fuerza de cosa juzgada internacional de sus fallos, en virtud de la cual, los Estados están obligados a cumplir y aplicar lo decidido por la Corte en un proceso en el cual han sido parte.[10]

Al respecto, el actual Presidente de la Corte, juez Eduardo Ferrer Mac Gregor, sostiene que en este primer supuesto de cosa juzgada internacional, “… se produce una eficacia inter partes, que consiste en la obligación del Estado de cumplir con todo lo establecido en la sentencia interamericana de manera pronta, íntegra y efectiva. Existe una vinculación total y absoluta de los contenidos y efectos del fallo…”[11] (Subrayado nuestro)

Por su parte, en el segundo supuesto la Corte estima que el control de convencionalidad es de una intensidad y vinculación distinta en cuanto a los Estados que no son parte en un caso concreto. Sin embargo, por el efecto erga omnes (efecto general) de la jurisprudencia interamericana, igualmente están obligados a aplicar dicha decisión a nivel interno, no en clave de cumplimiento de una sentencia en un caso concreto sino en clave de la obligación de incorporar el corpus iuris interamericano en el ámbito nacional y siempre y cuando las normas internas no sean más favorables a los ciudadanos. El sustento normativo de esta segunda modalidad del control de convencionalidad es el artículo 69º de la CADH, cuando señala que el fallo de la Corte no sólo es notificado a las partes en un proceso concreto sino que también es “transmitido a los Estados partes en la Convención.”

Los casos “Barrios Altos vs. Perú” y “La Cantuta vs. Perú” encajan evidentemente en el primer supuesto de cosa juzgada internacional y, por ende, el Estado del Perú está obligado jurídicamente a cumplir ambos fallos “de manera pronta, íntegra y efectiva”, de conformidad con la interpretación del contenido y efectos que de los mismos haga la Corte en el procedimiento de supervisión de cumplimiento.

En el caso “Barrios Altos vs. Perú”, cuyas sentencias de fondo y de interpretación datan del año 2001, a la fecha se han emitido siete (07) resoluciones de supervisión de cumplimiento de sentencia en los años 2002, 2003, 2004, 2005, 2008, 2009 y 2012, lo cual refleja no sólo la importancia que este caso tiene para la Corte, sino lo emblemático que es para todo el continente americano.

En este caso, la resolución de supervisión de cumplimiento del 7 de Septiembre del 2012 no sólo recordó al Estado del Perú que tiene la obligación internacional de dar cumplimiento a las decisiones de la Corte[12], sino que además consideró que la investigación y condena judicial contra el ex Presidente Alberto Fujimori, constituía un avance importante en el cumplimiento de la sentencia de fondo[13], con lo cual, cualquier medida interna –incluyendo el indulto presidencial- en contra de este avance –si es valorado así por la Corte-, podría ser considerado como un retroceso en el cumplimiento de dicha sentencia de fondo.

Si bien en este caso la Corte no se refirió literalmente a una medida como el indulto presidencial, si señaló que el Estado peruano tiene la obligación internacional de remover todo obstáculo que impida el juzgamiento y sanción de los responsables y que, si no lo hace, estaría incumpliendo la sentencia: “… la remoción de todo obstáculo que impida la investigación y juzgamiento de los hechos y, en su caso, la sanción de todos los responsables de las violaciones declaradas… si el aparato del Estado actúa de modo que tal violación quede impune y no se restablece, en cuanto sea posible, a las víctimas en la plenitud de sus derechos, puede afirmarse que ha incumplido la sentencia…”[14]

Por otro lado, en el caso “La Cantuta vs. Perú”, la sentencia de fondo del 2006 y la sentencia interpretativa del 2007, fueron objeto de una resolución de supervisión de cumplimiento el año 2009. En este caso, la sentencia de fondo valoró como un avance los esfuerzos que -en su momento- desplegó el Estado peruano para lograr la extradición del ex Presidente Alberto Fujimori desde Chile[15]. A su vez, el Estado se comprometió a recibir y acatar lo que la Corte determine respecto a la investigación, identificación y sanción de los responsables no sólo materiales, sino también de los culpables de emitir órdenes para cometer delitos internacionales como el perpetrado en La Cantuta, refiriéndose evidentemente al ex Presidente Alberto Fujimori y otros.[16]

En consecuencia, en este caso también, lo que decida la Corte no sólo tendrá fuerza de cosa juzgada internacional, sino que además tendrá la legitimidad jurídica y ética frente a un Estado como el Perú que se comprometió a acatar toda decisión que adopte la Corte, por lo que si el Gobierno incumple la próxima decisión que se adopte en el marco de la presente supervisión de cumplimiento, tampoco estaría honrando los compromisos concretos que asumió en el presente caso.

  1. Potestad y obligación de jueces y tribunales nacionales de dar cumplimiento a decisiones de la Corte interamericana.

Cabe precisar que el “indulto presidencial”, según el ordenamiento jurídico peruano, es un “acto administrativo” del máximo nivel, suscrito por el Presidente de la República y validado  por -al menos- un Ministro de Estado y que adopta la forma de una “resolución suprema”. El artículo 1º de la Ley Nº 27444 (Texto Único Ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General), define el acto administrativo como “… las declaraciones de las entidades que, en el marco de normas de derecho público, están destinadas a producir efectos jurídicos sobre los intereses, obligaciones o derechos de los administrados dentro de una situación concreta.”

En el presente caso, la entidad de derecho público es la Presidencia de la República que, en virtud del artículo 118.21º de la Constitución peruana y respectivo marco reglamentario, tiene la prerrogativa de conceder  indultos, derecho de gracia y conmutación de penas. Por su parte, el administrado es el ex Presidente Alberto Fujimori, quien cumpliendo pena privativa de libertad, como “administrado” inició un procedimiento administrativo solicitando la concesión del indulto presidencial.

La primera frontera jurídica para el cumplimiento de la resolución de supervisión de cumplimiento que la Corte próximamente emitirá en el presente caso, será el ámbito nacional en virtud de la naturaleza subsidiaria del sistema interamericano. En ese sentido, en principio, debería ser la misma autoridad estatal que emitió la decisión administrativa que la Corte –eventualmente- considere incompatible con las sentencias de fondo en los casos “Barrios Altos vs. Perú” y “La Cantuta vs. Perú”, en virtud del control de convencionalidad. En otras palabras, podría ser el propio Presidente de la República quien emita una nueva “Resolución Suprema” anulando y dejando sin efecto el indulto otorgado al ex Presidente Alberto Fujimori, en cumplimiento de lo que eventualmente disponga la Corte. Ya hay un antecedente en el Perú.

El año 2010 el entonces Presidente de la República Alan García Pérez, anuló y dejó sin efecto el indulto que había otorgado al empresario José Enrique Crusillat supuestamente por su grave estado de salud, debido a que se habían incurrido en graves irregularidades en el otorgamiento de dicho indulto. Así, mediante Resolución Suprema Nº 056-2010-JUS del 14 de Marzo del 2010, se revocó y anuló el indulto presidencial otorgado -varios meses antes- a dicho empresario mediante Resolución Suprema Nº 285-2009-JUS, de fecha 11 de Diciembre del 2009. Si bien es cierto que, con posterioridad el TC determinó que un indulto sólo debería ser revocado por vía jurisdiccional,[17] consideramos que nada impediría al actual Presidente de la República revocar el indulto directamente, apoyándose para ello en el control de convencionalidad.

Sin embargo, si el actual Presidente de la República no cumple en forma directa lo que eventualmente disponga la Corte, entonces los jueces y tribunales nacionales tendrían la prerrogativa y el deber jurídicos de acatar e implementar la decisión que adopte la Corte y remover todo obstáculo nacional, como podría ser –eventualmente- el indulto concedido al expresidente Fujimori. Eso supondría que las autoridades judiciales que procesaron y condenaron al ex Presidente Alberto Fujimori, dejen sin efecto o “inapliquen” en el caso concreto –de oficio o a pedido de parte- el indulto presidencial otorgado e, inmediatamente, dispongan su detención para que siga cumpliendo la sentencia que ya le ha sido impuesta.

La herramienta jurídica a utilizar también sería el control de convencionalidad que, la sostenida jurisprudencia interamericana desde el caso “Almonacid Arellano vs. Chile” del año 2006, establece que también es una potestad y un deber jurídico de jueces y tribunales nacionales.[18] Ciertamente, este control de convencionalidad será intenso y se limitará a dar cumplimiento a la resolución que emita la Corte, pues ostentará la fuerza de cosa juzgada internacional.

En el caso del Perú, el control de convencionalidad está comprendido dentro del control de constitucionalidad que la Constitución peruana reconoce a todos los jueces y tribunales en el segundo párrafo del artículo 138º: “En todo proceso, de existir incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma legal, los jueces prefieren la primera…[19] Así, esta potestad constitucional reconocida a jueces y tribunales debe ser interpretada y aplicada tomando en cuenta, por un lado, la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución peruana que señala que: “Las normas relativas a los derechos y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los Tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por el Perú.

Por otro lado, el artículo V del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional (CPC) peruano, desarrolla aún más esta potestad de control de constitucionalidad y establece que: “El contenido y alcances de los derechos constitucionales protegidos por los procesos regulados en el presente Código deben interpretarse de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos, los tratados sobre derechos humanos, así como de las decisiones adoptadas por los tribunales internacionales sobre derechos humanos constituidos según tratados de los que el Perú es parte.” (Subrayado nuestro)

Este marco normativo nacional permite afirmar que la CADH, las otras convenciones y protocolos adicionales interamericanos y la jurisprudencia de la Corte y los informes de la CIDH, es decir, todo el corpus iuris interamericano, forma parte del llamado “Bloque de constitucionalidad” en el Perú, esto es, del parámetro de control que jueces y tribunales nacionales deben tomar en cuenta cada vez que evalúan la compatibilidad de una norma, acto u omisión nacional, con la Constitución peruana y el corpus iuris interamericano.

Por ende, el control de constitucionalidad y el control de convencionalidad son herramientas complementarias y no contradictorias, en un contexto de creciente y recíproca influencia entre el derecho constitucional y el derecho internacional. Por ello, la Corte ha sido muy clara en rechazar los intentos de oponer ambos controles, a los que considera ciertamente complementarios entre sí.[20]

En el Perú, ya existen precedentes judiciales de control de constitucionalidad y control de convencionalidad, tanto sobre leyes de amnistía que apruebe el Parlamento nacional,[21] como sobre derecho de gracia que otorgue el Presidente de la República.[22]

En Junio del año 1995 el Congreso de la República de entonces aprobó la Ley Nº 26479, que concedió “… amnistía general al personal Militar, Policial o Civil, cualquiera que fuere su situación Militar o Policial o Funcional correspondiente, que se encuentre denunciado, investigado, encausado, procesado o condenado por delitos comunes y militares en los Fueros Común o Privativo Militar, respectivamente, por todos los hechos derivados u originados con ocasión o como consecuencia de la lucha contra el terrorismo y que pudieran haber sido cometidos en forma individual o en grupo desde Mayo de 1980…” (Artículo 1º)

Sin embargo, esta ley de amnistía fue “inaplicada” en el proceso judicial que en ese entonces venía tramitando la jueza Antonia Saquicuray en el caso “Barrios Altos”, quien consideró que: “… atendiendo a la aplicación de la Ley ventiséis mil cuatrocientos setentainueve… es necesario advertir que esta resulta incompatible con las normas constitucionales y Tratados Internacionales ya citados, toda vez que conforme al artículo primero punto uno de la Convención Americana se establece que los Estados partes –entre ellos el Perú-, tienen la obligación de investigar las violaciones de los Derechos Humanos y de castigar a los responsables; principios y normas de las cuales el Estado Peruano no se encuentra aislado y que contravienen… el artículo ciento treintainueve de nuestra Carta Política, que consagra como garantía de la Función Jurisdiccional la observancia del debido proceso y la Tutela Jurisdiccional… en consecuencia el dispositivo legal In Comendo al suprimir la protección jurídica de estos derechos fundamentales viola las normas Constitucionales ya glosadas.”[23]

Sin duda, aunque innominado aún, este control de convencionalidad fue pionero en América Latina y constituye un mérito histórico del Poder Judicial peruano, más allá que en su momento esta valiente decisión fuese revocada por un tribunal superior, entre otras razones, porque el Parlamento nacional de entonces aprobó una segunda ley de amnistía (Ley Nº 26492), con la que conminó a jueces y tribunales a aplicar obligatoriamente la ley de amnistía.

Por otro lado, la sostenida jurisprudencia del Tribunal Constitucional peruano ha establecido que en un Estado constitucional de derecho, no hay zonas exentas de control constitucional[24] y que, por ende, toda norma, acto o decisión pública o privada, es pasible de control de constitucionalidad, incluyendo la potestad constitucional del Presidente de la República de conceder indultos, derecho de gracia o conmutación de penas (artículo 118.21º Constitución peruana). Al respecto, existe la sentencia del Tribunal Constitucional de fecha 18 de Diciembre del 2007, emitida en el Expediente Nº 4053-2007-PHC/TC referido al habeas corpus interpuesto por el señor Alfredo Jalilie en contra de una decisión judicial que había decidido inaplicar en un proceso en trámite -por inconstitucional-, el derecho de gracia que dicha persona había recibido por parte del Presidente de la República.

En dicha oportunidad, el Tribunal Constitucional peruano ratificó que en un Estado constitucional de derecho no hay zonas exentas de control constitucional y que pretender que esta prerrogativa presidencial de derecho de gracia o indulto no sea pasible de control judicial, equivaldría a afirmar que “la Constitución ha perdido su condición de norma jurídica”.[25]

Muy por el contrario, es propio de los regímenes dictatoriales o autoritarios como el que surgió en el Perú a partir del golpe de Estado del 5 de abril del 1992, pretender que hay normas o actos que no son pasibles de revisión judicial. Así por ejemplo, el artículo 2º de la Ley Nº 26492, que precisó la interpretación y alcances de la amnistía otorgada por la Ley Nº 26479 del año 1995, dispuso que esa ley era irrevisable judicialmente: “Precísase que dicha amnistía, en cuanto es un derecho de gracia cuya concesión corresponde exclusivamente al Congreso, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 6o. del artículo 102o de la Constitución Política, no es revisable en sede judicial.” (Subrayado nuestro)

Desde la perspectiva del control de convencionalidad, adicionalmente en el caso “Barrios Altos vs. Perú” la Corte emitió el 7 de septiembre del 2012 una resolución de supervisión de cumplimiento, en virtud de la cual estableció que el otorgamiento indebido de beneficios referidos al cumplimiento de la pena, constituye también una fuente de impunidad incompatible con la CADH y la sentencia de fondo: “En atención a la regla de proporcionalidad, los Estados deben asegurar, en el ejercicio de su deber de persecución de esas graves violaciones, que las penas impuestas no se constituyan en factores de impunidad, tomando en cuenta varios aspectos como las características del delito y la participación y culpabilidad del acusado. Del mismo modo, el otorgamiento indebido de beneficios en la ejecución de la pena puede eventualmente conducir a una forma de impunidad, particularmente cuando se trate de la comisión de graves violaciones a los derechos humanos, como las ocurridas en el presente caso.”[26] (Subrayado nuestro)

Finalmente, el Perú cuenta con una ley que regula el cumplimiento de las sentencias o decisiones de Tribunales internacionales. Así es, la vigente Ley Nº 27775 del año 2002 –parcialmente modificada por el Decreto Legislativo Nº 1068-, regula el procedimiento de ejecución de sentencias emitidas por tribunales supranacionales y en su artículo 1º establece claramente: “Declárase de interés nacional el cumplimiento de las sentencias dictadas en los procesos seguidos contra el Estado Peruano por Tribunales Internacionales constituidos por Tratados que han sido ratificados por el Perú de acuerdo con la Constitución Política.” En otras palabras, el propio Estado del Perú ha declarado “de interés nacional” (léase de máximo interés) el cumplimiento e implementación de las sentencias que emitan, entre otros tribunales internacionales, la CoIDH.

En consecuencia, los jueces y tribunales peruanos tienen la potestad y el deber jurídicos de aplicar el control de constitucionalidad y el control de convencionalidad sobre el indulto presidencial concedido al ex Presidente Alberto Fujimori, si es que próximamente la Corte determina que dicho indulto es incompatible con la CADH y las sentencias de fondo en los casos “Barrios Altos vs. Perú” y “La Cantuta vs. Perú”.

  1. Medidas que podrían adoptar la Comisión y Corte interamericanas. La garantía colectiva de la OEA.

A nivel internacional tanto la Comisión como la Corte interamericanas pueden adoptar un conjunto de medidas ante el supuesto de que el Gobierno peruano incumpla la resolución de supervisión de cumplimiento que la Corte emitirá próximamente. La Comisión puede convocar de oficio o a pedido de parte, a audiencias públicas para dar seguimiento a esta situación que podría generarse en relación al Estado del Perú. También puede emitir comunicados de prensa expresando su preocupación por esta situación, como en efecto ya lo hizo con el comunicado del 28 de diciembre del 2017, en el cual expresó su “profunda preocupación” y cuestionó “el indulto concedido a Alberto Fujimori”. Finalmente, debería incluir esta situación en su Informe Anual 2017.

Por su parte, la Corte tiene dos herramientas: una judicial y otra política. En virtud de la primera, la Corte –de ser el caso- podrá seguir convocando, de oficio o a pedido de parte, audiencias de supervisión de cumplimiento de sentencia en los casos “Barrios Altos vs. Perú” y “La Cantuta vs. Perú” y, posteriormente, emitir las respectivas resoluciones de supervisión. En otras palabras, podría mantener una supervisión judicial sobre este posible incumplimiento.

Por otro lado, la Corte cuenta con la herramienta política prevista en el artículo 65º de la CADH, en virtud de la cual, el máximo tribunal interamericano informará anualmente a la Asamblea General de la OEA, “de manera especial y con las recomendaciones pertinentes”, de los casos en que un Estado aún no haya dado cumplimiento a sus fallos, entre los cuales podría estar este caso.

Al respecto, el actual Presidente de la Corte, juez Eduardo Ferrer Mac Gregor, reitera que todos los Estados parte de la CADH, por el sólo hecho de ser parte, se encuentran obligados a lograr el cumplimiento de las decisiones de la Corte, en el marco del sistema de “garantía colectiva” que se deriva de la propia CADH.[27]

Si bien los Estados Parte de la CADH en particular y los Estados Parte de la OEA en general, tradicionalmente no han sido lo suficientemente prolijos al exigir a sus pares el debido cumplimiento de la CADH y de las decisiones de la Corte, el mecanismo de supervisión consagrado en el artículo 65º de la Convención está vigente y, por ende, eventualmente podría dar pie a la adopción de alguna medida o condena de carácter diplomático o de cooperación internacional como, por ejemplo, condicionar el apoyo financiero internacional al cabal cumplimiento de las decisiones de la Corte.

Cabe mencionar también que el Estado del Perú será anfitrión de la próxima Cumbre de las Américas, que tendrá lugar en la ciudad de Lima en el mes de Abril de 2018. Sería diplomáticamente muy complicado para el Perú llegar a dicha cita internacional sin haber cumplido lo dispuesto por la Corte. Además, Perú integra el “Grupo de Lima” que reúne a un conjunto de Estados americanos que vienen evaluando críticamente la crisis política, social y económica que atraviesa el Estado de Venezuela, cuyo gobierno se ha caracterizado precisamente por cuestionar la validez y legitimidad de los fallos de la Corte interamericana.


[1]Pacta sunt servanda«. Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe.” (artículo 26º Convención de Viena).

[2]El derecho interno y la observancia de los tratados. Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado…” (artículo 27º Convención de Viena).

[3] “Los Estados partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción…”

[4]Si en el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades.

[5] Párrafo 60, Resolución de supervisión de cumplimiento del 20 de Marzo del 2013, caso “Gelman vs. Uruguay”.

[6]La proyección de la eficacia interpretativa de la sentencia hacia todos los Estados Parte que han suscrito y ratificado o se han adherido a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y particularmente en aquellos que han aceptado la competencia contenciosa de la Corte IDH, consiste en la obligación por todas las autoridades nacionales de aplicar no sólo la norma convencional sino la “norma convencional interpretada” (res interpretata); es decir, el criterio interpretativo que como estándar mínimo aplicó el Tribunal Interamericano al Pacto de San José y, en general al corpus juris interamericano…” (Párrafo 43, Voto razonado del 20 de marzo del 2013, caso “Gelman vs. Uruguay”).

[7]El contenido y alcances de los derechos constitucionales protegidos por los procesos regulados en el presente Código deben interpretarse de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos, los tratados sobre derechos humanos, así como de las decisiones adoptadas por los tribunales internacionales sobre derechos humanos constituidos según tratados de los que el Perú es parte.”

[8] Párrafo 12, STC Nº 2730-2006-PA/TC del 21 de Julio del 2006.

[9] Párrafo 68, Resolución de supervisión de cumplimiento del 20 de Marzo del 2013, caso “Gelman vs. Uruguay”.

[10] Párrafo 68, Resolución de supervisión de cumplimiento del 20 de Marzo del 2013, caso “Gelman vs. Uruguay”.

[11] Párrafo 32, Voto razonado del juez Eduardo Ferrer Mac Gregor en la Resolución de supervisión de cumplimiento del 20 de Marzo del 2013, caso “Gelman vs. Uruguay”.

[12] “… Este principio se aplica no sólo en relación con las normas sustantivas de los tratados de derechos humanos… sino también en relación con las normas procesales, como las que se refieren al cumplimiento de las decisiones de la Corte…” (Párrafo 5, Resolución de supervisión de cumplimiento del 7 de Septiembre del 2012, caso “Barrios Altos vs. Perú).

[13] “… la Corte ha constatado que el Estado ha avanzado en el cumplimiento de lo ordenado en la Sentencia de fondo emitida en el presente caso, principalmente a través de la investigación, juzgamiento y posterior condena del ex Presidente Alberto Fujimori Fujimori… lo cual es valorado positivamente por el Tribunal…” (Párrafo 19, Resolución de supervisión de cumplimiento de sentencia del 7 de Septiembre del 2012, caso “Barrios Altos vs. Perú).

[14] Párrafo 28, Resolución de supervisión de cumplimiento del 7 de Septiembre del 2012, caso “Barrios Altos vs. Perú).

[15] “… la Corte valora positivamente que el Estado esté atendiendo su deber –derivado de su obligación de investigar- de solicitar e impulsar, mediante medidas pertinentes de carácter judicial y diplomático, la extradición de uno de los principales procesados.” (Párrafo 159, Sentencia de fondo del 29 de Noviembre del 2006, caso “La Cantuta vs. Perú”).

[16] “… el Estado manifestó que “entiende que el deber de impartir justicia comprende la investigación y sanción de toda persona que participó delictivamente en los hechos de La Cantuta. En tal medida, el Estado recibirá y acatará lo que la Corte determine respecto a la investigación, identificación de responsables y sanción de responsables de emitir órdenes para cometer delitos internacionales como los que son materia del presente caso…” (Párrafo 94, Sentencia de fondo del 29 de Noviembre del 2006, Caso “La Cantuta vs. Perú).

[17] Párrafo 10, STC Nº 03660-2010-PHC/TC de fecha 25 de Enero del 2011.

[18] “… el Poder Judicial debe ejercer una especie de “control de convencionalidad” entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana.” (Párrafo 124, sentencia de fondo del 26 de Septiembre del 2006, caso “Almonacid Arellano vs. Chile).

[19] “… en el sistema normativo peruano, el control de convencionalidad… se ha asumido como sinónimo del control de constitucionalidad…” (Landa, César. Convencionalización de derecho peruano. Lima: Palestra Editores, pp. 77). Sin embargo, otros autores matizan que “… no hay una identidad total entre control de convencionalidad y de constitucionalidad.” (Lovatón, David. La gestación del Estado constitucional interamericano. Lima: Facultad de Derecho PUCP, CICAJ y DPLF, 2017, pp. 57).

[20] Párrafo 88, Resolución de supervisión de cumplimiento del 20 de Marzo del 2013, caso “Gelman vs. Uruguay”.

[21] “Son atribuciones del Congreso:… Ejercer el derecho de amnistía.” (Artículo 102.6º Constitución peruana).

[22] Artículo 118.21º Constitución peruana.

[23] Citado en: Landa, César. Convencionalización de derecho peruano. Lima: Palestra Editores, pp. 76.

[24] Párrafo 7, STC Nº 0090-2004-AA/TC de fecha 5 de Julio del 2004.

[25] “… afirmar que existen actos de alguna entidad estatal cuya validez constitucional no puede ser objeto de control constitucional, supone sostener, con el mismo énfasis, que en tales ámbitos la Constitución ha perdido su condición de norma jurídica, para volver a ser una mera carta política referencial, incapaz de vincular el poder. Es por ello que constituye una consecuencia directa del carácter jurídico de la Constitución, el control jurisdiccional de los actos de todos los poderes públicos y de los particulares… En este orden de ideas… no puede afirmarse que la sola existencia de la potestad presidencial de conceder la gracia impida ejercer un control por parte de las autoridades jurisdiccionales, máxime si, como se advierte de la resolución cuestionada, son también razones de orden constitucional las que motivaron la decisión de no aplicarla.” (Párrafos 14 y 15, STC Nº 4053-2007-PHC/TC de fecha 18 de Diciembre del 2007).

[26] Párrafo 55, resolución de supervisión de cumplimiento del 7 de Septiembre del 2012, caso “Barrios Altos vs. Perú”.

[27]También se produce una relación directa entre la eficacia de la sentencia… y el sistema de “garantía colectiva” derivada de la propia Convención Americana. Todos los Estados Parte del Pacto se encuentran obligados, en su conjunto, a lograr el cumplimiento y eficacia de los pronunciamientos que emite el Tribunal interamericano en tanto que los Estados Parte de la Convención y, en general, todos los Estados que conforman la Organización de Estados Americanos, se encuentran interesados en coadyuvar en el establecimiento de un orden público interamericano que garantice el desarrollo democrático de los pueblos…” (Párrafo 75, Voto razonado del juez Eduardo Ferrer Mac Gregor en la Resolución de supervisión de cumplimiento del 20 de Marzo del 2013, caso “Gelman vs. Uruguay”).

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