“Covid-19 fue creada por el nuevo orden mundial”: ¿se debe sancionar a jueces que lo afirmaron?

Institucional
viernes 22 de enero del 2021
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Cesar Higa, docente de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, señala que la argumentación dada por los jueces de la Sala de Apelaciones de Chincha y Pisco no puede ser motivo para la sanción en un proceso disciplinario a la luz de las reglas del derecho peruano.

Escribe: Celeste Meza

Hace unos días se dio a conocer una resolución expedida por la Sala de Apelaciones de Chincha y Pisco, la cual confirmó la resolución que declaró fundado el requerimiento de prolongación de la prisión preventiva por el plazo de 16 meses adicionales en contra del procesado.

Al respecto, el artículo 274 del Código Procesal Penal establece que la prolongación de la prisión preventiva puede darse “cuando concurran circunstancias que importen una especial dificultad o prolongación de la investigación, y que el imputado pudiera sustraerse a la acción de la justicia”. Solo así la decisión de prolongación se encontrará debidamente justificada.

Por su parte, el Acuerdo Plenario N° 01-2017 de las Salas Penales de la Corte Suprema de Justicia, en su fundamento 18, señala: “(…) no se puede aceptar una prolongación de la prisión preventiva si el proceso penal quedó paralizado sin causa de justificación alguna que la legitime”.

El problema fue el siguiente: Por consecuencia de la pandemia del Covid-19, muchas actividades de los órganos del sistema de justicia se suspendieron, entre ellas las del Ministerio Público. En efecto, los fiscales dejaron de laborar normalmente desde el 16 de marzo hasta el mes de septiembre del 2020 y, como consecuencia de ello, se omitieron una serie de actos, tales como acudir a la Superintendencia Nacional de Migraciones, embajadas, el Área de Peritajes Informáticos del Ministerio Público, entre otros.

En este caso, el fiscal pidió que se prolongue la prisión preventiva alegando que existía una circunstancia imprevista y sobreviniente que afectó el normal desarrollo de la actividad investigativa de la fiscalía.  Asimismo, alegó que, por disposición de la Fiscalía de la Nación, su despacho tuvo que atender actividades propias del turno fiscal, lo que generó dificultad en el desarrollo de la investigación preparatoria de dicho caso, en el que diversas diligencias debían llevarse a cabo en la ciudad de Lima. Así, ante el estado de emergencia decretado por el gobierno y la paralización de las labores, existió demora en la remisión de la información.

La Sala Superior aceptó el requerimiento fiscal; sin embargo, lo que ha captado la atención es el siguiente trecho de la resolución: “(…) que la causa de la pandemia del COVID-19, es creada por las élites criminales, que dominan el mundo (…). Por lo tanto, ningún gobierno mundial, personas naturales y jurídicas, ni la defensa del imputado, puede sostener que esta pandemia, tiene calidad de ‘previsible’ salvo sus creadores del nuevo orden mundial como Bille Gates (sic), Soros. Rockefeller, etc. que lo manejaron y siguen direccionando con un secretismo de ultranza dentro de sus entorno y corporaciones mundiales, con proyecciones al proyecto 2030”.

Pocos días después de revelada esta noticia, el Órgano de Control de la Magistratura abrió investigación preliminar contra los jueces de la Sala. No obstante, cabría preguntarse si este hecho sería susceptible de una sanción disciplinaria. Al respecto, el artículo 48 inciso 13 de la Ley de Carrera Judicial señala que se incurre en falta muy grave por “no motivar las resoluciones judiciales o inobservar inexcusablemente el cumplimiento de los deberes judiciales” [3]. Cabe indicar que la comisión de una falta muy grave acarrea suspensión o destitución del cargo.

Al consultar con César Higa, docente de la Facultad de Derecho de la PUCP y experto en argumentación jurídica, en la resolución sí existe una motivación; sin embargo, se trata de una motivación defectuosa. Para el especialista, asimismo, el hecho que los jueces establezcan cuál es la causa de la pandemia no tiene conexión con la fundamentación de la resolución; es decir, sería un argumento irrelevante respecto a lo que se quiere justificar.

Higa indica que la Corte Suprema peruana, en un proceso de acción popular (Exp. N° 18107-2016), ya ha establecido un criterio según el cual, para efectos de la aplicación de la causal del art. 48 inc. 13 mencionada, la figura de la “no motivación” presupone: 1) que no exista ningún tipo de razón; o 2) no se haya motivado con alguno de los elementos necesarios para que se configure el supuesto hecho de la norma. Solo en esos escenarios podría iniciarse un proceso disciplinario a un juez o jueza.

En el caso concreto, según Higa, dado que no se presenta el supuesto de “no motivación” y que sería un argumento que no es relevante para el objeto de la resolución, no cabría iniciar un procedimiento disciplinario. Más bien, según el experto, la alusión al origen del COVID-19 tiene que ver con creencias de quienes juzgan a las personas, aunque no deja de mostrar su crítica al respecto: “Los jueces no pueden realizar la función judicial para expresar sus creencias personalmente, preferencias políticas o sociales”, afirmó.

¿Cómo debió ser motivada la decisión de la Sala?

Según Higa, lo primero es definir cuál es el objeto de la decisión. En este caso, este es si debía prolongarse o no la prisión preventiva y, posteriormente, colocar los argumentos relevantes que legitimen su decisión. Específicamente, según el docente, debieron individualizarse los actos que no pudieron realizar por la pandemia y por qué son necesarios seis (6) meses más para realizar esos actos de investigación.

Así, concluye diciendo que “los jueces deben tener en cuenta, que el objeto de la decisión no podría ir más allá del objeto del proceso. Cada afirmación, cada enunciado que ellos hagan deben encontrarse debidamente justificados y no se debe poner aquello que no sea necesario para justificar la decisión. Si argumentan cuál es la causa de la pandemia, hay un deber de justificar por qué es relevante, cuál era la justificación y cómo lo prueban. Ninguna de estas acciones es realizada por estos jueces; es decir, omiten el porqué es relevante decir la causa de la pandemia y cómo se prueba esa causa”.

EL DATO:

Si desea leer la resolución puede acceder al siguiente link. https://lpderecho.pe/jueces-covid-19-creada-bill-gates-soros-rockefeller-etc-nuevo-orden-mundial/

COMENTARIOS

  • Miguel dice:

    Es un criterio jurisdiccional. No se puede perseguir a los jueces por criterios jurisdiccionales. La ocma que ha ordenado perseguir a los jueces, es una vergüenza en nuestro país, eso no existe en chile.

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