Críticas al Proyecto de Ley de la Abogacía Peruana

Opinión
viernes 20 de septiembre del 2019
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El dictamen emitido por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso, relativo al Proyecto de Ley de la Abogacía Peruana[1], tiene muchos problemas. En concreto no ha incluido puntos centrales (contemplados en el “Proyecto de Ley para incentivar la probidad en el ejercicio de la abogacía”, que presentó el Poder Ejecutivo, y que fue rechazado por la Comisión) e incluye disposiciones que suponen retrocesos y muy probablemente generará confusiones en el sistema de control ético de la abogacía. A lo anterior, habría que agregar que el Proyecto carece de la legitimidad necesaria, debido a que no se ha escuchado al sector académico. Por ello, considero que sería un error aprobar el dictamen en el Pleno del Congreso.

En concreto, los puntos que me parecen más cuestionables y preocupantes son los siguientes:

  • Falta de legitimidad del Dictamen.
  • Indebida exclusión de la enseñanza ética de derecho.
  • Omisión respecto al carácter nacional de las sanciones.
  • Toma de postura sobre la inviolabilidad del despacho sin debate suficiente.
  • Ampliación injustificada de la colegiación obligatoria.
  • Cambios preocupantes en el secreto profesional y la renuncia.
  • Régimen de infracciones que deja amplio margen a la impunidad.

Un punto favorable del dictamen ha sido, sin perjuicio de lo anterior, eliminar la muy cuestionable primera disposición final y transitoria que había propuesto la Junta de Decanos de Colegios de Abogados, que intentaba dejar sin efecto “… todo procedimiento administrativo sancionador y/o aplicación de sanciones pecuniarias contra los Colegios de Abogados del Perú …”[2].

Llama poderosamente la atención que los colegios de abogados hayan buscado incluir esta disposición, abiertamente inconstitucional, máxime cuando el 2 de mayo del año en curso, el Colegio de Abogados de Lima fue sancionado por el INDECOPI por mentir en un procedimiento ante dicha institución[3].

A continuación, abordamos brevemente cada punto problemático del Proyecto:

                                               Algunos de los principales problemas del Proyecto

  1. Falta de legitimidad del Dictamen

No se ha oído al sector académico que investiga y enseña la materia, tanto en lo relativo a la ética y responsabilidad profesional como a la situación de la abogacía en nuestro país. No se puede regular la profesión sin atender a las facultades de derecho y a investigadores dedicados a la materia.

El Dictamen se emite escuchando la opinión de diversas instituciones como lo son INDECOPI, Presidencia de Consejo de Ministros, Poder Judicial, Ministerio Público, SERVIR, entre otras. En esa línea, hubo una reunión de trabajo con colegios de abogados, que fueron los que presentaron el primer proyecto. Sin embargo, no se ha oído al sector académico, esto es, a las facultades de derecho, que tenemos mucho que decir sobre esto, porque investigamos y dictamos cursos sobre la abogacía, y somos la puerta de acceso a la profesión. No se ha recabado, asimismo, la opinión de investigadores que tienen muchos años estudiando a la profesión y la enseñanza del derecho en nuestro país. Por ello, el Dictamen carece de legitimidad.

Esto más aún cuando, a propósito del debate del Proyecto de Ley presentado por el Poder Ejecutivo, presentamos una carta al Presidente de la Comisión poniéndonos a su disposición. Si bien se trató de otro Proyecto, es evidente que el Proyecto de Ley de la Abogacía Peruana se presentó como una alternativa al Proyecto de Ley que presentó el Ejecutivo, y responde a la misma problemática.

  1. Indebida exclusión de la enseñanza ética de derecho

El Proyecto de Ley busca hacer frente al desprestigio de la profesión. Sin embargo, no se pronuncia sobre la enseñanza del derecho. Así, trata el asunto de modo parcial, fragmentando la problemática y dejando de lado una de las causas del problema: la falta de formación en ética profesional en las facultades de derecho.

El Proyecto de Ley, conforme a su propia fundamentación (página 5), surge en un contexto de desprestigio de la profesión.

Pese a ello, la enseñanza del derecho, clave para promover un cambio en nuestra profesión, está fuera del Proyecto. No se tomó este punto de la propuesta del Poder Ejecutivo, aun cuando fue también pedido por facultades de derecho[4] y asociaciones de jueces. El Presidente de la Comisión de Justicia no respondió a nuestra carta y no tomó en cuenta nuestra opinión ni la observación presidencial en este punto.

Ha primado una mirada equivocada respecto a la autonomía universitaria, así como el considerar a que el ámbito de las facultades no es propio de una ley que regule la abogacía.

Considero que una Ley que regula la abogacía, con el fin de fortalecer el ámbito ético, no puede omitir una referencia a la formación ética en facultades de derecho. El Proyecto divide la profesión de la formación profesional y, de ese modo, trata el asunto de modo parcial, sin atender al ámbito donde, en buena medida, se asienta el problema.

  1. Omisión respecto al carácter nacional de las sanciones

Actualmente, un abogado sancionado en el Colegio de Abogados de Lima puede inscribirse en el Colegio de Abogados del Callao y seguir ejerciendo. El Proyecto no alude a este tema y, por ende, deja el problema vigente.

El Proyecto de Ley que presentó el CAL fijaba, en el artículo 34, que “todas las sanciones tendrán efectos en el ámbito de todos los Colegios de Abogados de la República del Perú”. El Dictamen no contempla esa disposición. Esta omisión es muy grave ya que este es un problema real que necesita ser solucionado.

  1. Toma de postura sobre la inviolabilidad del despacho sin debate suficiente

El Proyecto opta por la postura de los estudios de abogados, al limitar ampliamente la posibilidad de investigarlos. Toma esta postura sin un debate suficiente sobre un asunto muy complejo. Nuevamente, parece privilegiarse una mirada privatista de la profesión.

El numeral 5 del artículo 6 establece el derecho a la “inviolabilidad del despacho, salvo autorización expresa de la autoridad jurisdiccional competente para casos específicos y siempre que exista suficientes elementos de convicción graves y fundados que vinculen al abogado imputado como autor o participe en la comisión de un delito”.

Se toma una postura en un tema muy complejo, blindando a los estudios de abogados con una disposición muy amplia, pero, sobre todo, sin que haya mediado un debate ni una justificación suficiente para esta toma de postura. No dudo de que se trate de un asunto polémico y problemático, pero sí considero que no es adecuado tomar una postura mediante una ley que no ha sido debatida suficientemente.

  1. Ampliación injustificada de la colegiación obligatoria

El Proyecto amplia la obligatoriedad de la colegiación y brinda la potestad a cualquier institución pública o privada de exigirla. Como ha sido mostrado, el único sustento para la obligatoriedad es el control ético de la profesión[5]. Actualmente, consideramos que este rol no se está cumpliendo debidamente. En cualquier caso, los pagos obligatorios de parte de los agremiados deberían estar dirigidos exclusivamente a solventar y fortalecer el control ético. Ningún otro atributo justifica la obligatoriedad de la colegiación y del pago.

El artículo 4 establece, en su numeral 3, que el “registro y matrícula” en un colegio de abogado es obligatorio para todo ejercicio profesional.

El artículo 7 establece que “los abogados que desempeñen funciones distintas a las de abogado patrocinante deben acreditar estar habilitados por su colegio de abogado para desempeñar la función o cargo siempre y cuando así lo exija la norma interna de cada entidad pública o privada”.

De estas dos disposiciones tenemos cambios respecto a la situación actual:

1. Actualmente, se requiere colegiación para el patrocinio en sede judicial. El Proyecto aumenta esto al patrocinio “… ante instituciones públicas y privadas” (Artículo 3.1).

2. Se brinda potestad a las entidades públicas y privadas para que, con sus normas internas, exijan la colegiación a sus abogados.

Desde mi punto de vista, estos cambios introducen confusión en la regulación ya que cada institución decidirá si exige o no la colegiación. Ello pese a que la Constitución indica que la obligatoriedad debe ser fijada por ley. Lo que hace el Proyecto es dar potestad a cualquier institución, lo que también es cuestionable desde el punto de vista Constitucional.

Sin perjuicio de eso, la obligatoriedad, desde nuestro punto de vista, y como sustenta la tesis de Christian Chocano, se justifica únicamente por el rol de control ético que ejercen los colegios. Actualmente, sin embargo, dicho rol no se viene cumpliendo de modo adecuado.

Por ejemplo, de los 31 colegios de abogados, solo 6 cumplen con enviar las sanciones impuestas al Registro Nacional de Abogados Sancionados[6]. Hay colegios que no tienen instalada una comisión de ética y, en general, no cuentan con información actualizada y pública respecto a número de denuncias recibidas y sanciones.

Para fijar la obligatoriedad, los colegios deberían primero dar cuenta de que están cumpliendo este rol y que este es, por lo demás, el papel central al que se abocan.

De otro lado, el pago que hacen los abogados debería estar destinado únicamente al papel de control ético. Todo el resto de atribuciones del colegio (fijadas en el artículo 17, como, por ejemplo, “promover el bienestar social de sus agremiados o “iniciar acción de inconstitucionalidad” o “ejercer la jurisdicción arbitral (…)”) deberían ser financiadas de otro modo. Esto debería establecerse con claridad en el artículo 19 del Proyecto, que se refiere a los ingresos.

  1. Cambios preocupantes en el secreto Profesional y la renuncia

Se cambia el régimen de secreto profesional y renuncia. Con el Proyecto ya no tendríamos causal de revelación obligatoria del secreto, ni causal de renuncia obligatoria. Con esto, se preferencia una mirada privatista de la profesión, centrada en el interés del cliente y no en el rol social del abogado.

En cuanto al secreto, se debe mencionar lo siguiente:

El artículo 5 establece, en su numeral 3, que el secreto profesional se debe guarda “… excepto para los casos de propia defensa o previa autorización del cliente”. Esto se refuerza en los artículos 10[7] y 11[8].

Este es un cambio respecto a la regulación actual del Código de Ética, que fija que el abogado debe revelar la información “… que sea necesaria, para evitar que el cliente cause un daño grave a la integridad física, psicológica o a la vida de una persona” (Artículo 37).

En cuanto a la renuncia, cabe anotar que:

Se establece el derecho a renunciar “… cuando medie deshonestidad, engaño, ilegalidad, fraude o negligencia por parte del patrocinado”.

El actual Código obliga al abogado a renunciar cuando “descubra que el fin o los medios son ilegales, particularmente si toma conocimiento que el cliente usó de manera directa o indirecta medios indebidos de contenido económico u otro tipo de beneficios respecto a la autoridad, la contra parte o terceros”.

Así, si se aprueba el Proyecto, el tendrá derecho a continuar representando a un cliente aun cuando el propósito y los medios sean ilegales. De igual modo, no podrá revelar el secreto aun cuando el cliente vaya dañar la vida o integridad de modo grave y no quede otra salida que la revelación.

Régimen de infracciones que deja amplio margen a la impunidad

El régimen de infracciones introduce mucha confusión y deja amplios márgenes para impunidad en múltiples supuestos.

Se establecen infracciones muy graves, graves y leves. Es un listado limitado, que fija algunas conductas, pero deja de lado muchas infracciones tipificadas en el Código de Ética. Por ejemplo, si uno afirma hechos falsos en un proceso (infracción al artículo 64 del Código de Ética) o aconseja a su cliente a evadir la ley (infracción a artículo 7 y 58) o realiza gestiones privadas (artículo 57), eso no califica como falta leve, tampoco una falta grave ni muy grave.

El artículo 29.1 literal g del Proyecto, establece que es una falta muy grave “… el deliberado y persistente incumplimiento de las normas deontológicas esenciales en el ejercicio de la abogacía”.

Siendo esto así, presentar información falsa no sería una conducta tipificada como falta. Tendría que hacerse de modo persistente. Esto aplica para todos los supuestos de infracción establecidos en el Código de Ética.

Considero que estos artículos deben ser eliminados porque van a generar confusión en el régimen sancionatorio y dejarán amplio margen para defensas que busquen la impunidad.

Reflexión final

El sistema de justicia está operado, a todo nivel, por abogados y abogadas. Al mismo tiempo, los escándalos de corrupción y los problemas éticos, que han dado lugar a los esfuerzos de reforma, tocan centralmente a profesionales del derecho. Las iniciativas normativas vinculadas a la profesión han surgido en este contexto y deben guardar correspondencia con la problemática que buscan enfrentar.

Lejos de esa meta, el Proyecto de Ley de la Abogacía Peruana introduce nuevos problemas y deja vigentes aquellos que justificaron su presentación. Esperamos que el Pleno sepa advertirlo y que el Proyecto de Ley de la Abogacía Peruana no se convierta en Ley.


[1] Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Dictamen aprobado por mayoría, recaído en los Proyectos de Ley 3426/2018-CP, 4201/2018-CR y 4327/2018-CR, recuperado el 16 de septiembre de 2019 de: http://www.gacetajuridica.com.pe/boletin-nvnet/ar-web/Dictamen-Ley-de-la-Abogac%C3%ADa-Peruana.pdf

[2] Junta Nacional de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú. Proyecto de Ley de la Abogacía Peruana, recuperado el 16 de septiembre de 2019 de: https://www.cal.org.pe/v1/wp-content/uploads/2018/09/PROYECTO-LEY-DEL-ABOGADO.pdf

[3] Resolución 0222-2019/CEB-INDECOPI, recuperada el 16 de septiembre de: https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://static.legis.pe/wp-content/uploads/2019/05/Indecopi-sanciona-al-CAL-por-mentir-en-investigaci%C3%B3n.Legis_.pe_.pdf

[4] Pronunciamiento de facultades de derecho, recuperado el 16 de septiembre de: https://facultad.pucp.edu.pe/derecho/wp-content/uploads/2019/01/facultadespdf1.pdf

[5] Chocano, Christian. La colegiación obligatoria: mayor control o descontrol de los estándares éticos de la profesión. Tesis sustentada el 14 de mayo de 2008, para obtener el grado de abogado en la PUCP.

[6] Información brindada por el Director Nacional de Justicia y Libertad Religiosa, Alex Rueda, en el Seminario Internacional La abogacía: entre su estado y su sentido. 5 de septiembre.

[7] Artículo 10. Secreto profesional. “El secreto profesional es el deber de reserva que tiene el abogado para proteger y mantener en estricta confidencialidad los hechos e informaciones referidos por un patrocinado en relación con el vínculo profesional, incluso cuando este haya concluido. El abogado tiene el deber de guardar el secreto profesional excepto para los casos de propia defensa o por previa autorización del patrocinado”

[8] Artículo 11. Extensión del secreto profesional. El deber de guardar el secreto profesional es permanente y se extiende a todos los abogados que, de forma asociada, hayan defendido la misma causa y que, de manera directa o indirecta hayan tomado conocimiento de los hechos e informaciones referidos por el patrocinado, sin necesidad de haber asumido su defensa, salvo las excepciones señaladas en la presente ley”

COMENTARIOS

  • http://www.defensadeltrabajo.cl/demanda-laboral-despido-injustificado-en-chile dice:

    Muy buen post, sobre todo por la información valiosa que entregan
    saludos

    Nicolás

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