[Exclusivo/Entrevista] Caso Bellido y Maraví: ¿Por qué se presenta el Hábeas Corpus contra las Resoluciones Supremas de su nombramiento como ministros?

Derecho constitucional
viernes 6 de agosto del 2021
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Mario Ricardo Drago, uno de los solicitantes del Hábeas Corpus, esperan que con la demanda el presidente Castillo “tome conciencia de que no puede exponer al personal de la Policía y de las FFAA a alguna clase de riesgos a su integridad y su vida”.

Escribe: Isabel Jave

Este lunes 2 de agosto el décimo Juzgado Constitucional de Lima admitió la demanda constitucional de hábeas corpus que solicita la nulidad de las Resoluciones Supremas que designan a Guido Bellido Ugarte como primer ministro y a Iber Maraví Olarte como ministro de trabajo al considerarse de personas “que presentan vínculos o que han expresado un cuestionable reconocimiento a favor de personas o grupos terroristas” (expediente 001-2021-10JUZGADOCONSTITUCIONAL).

Esta demanda fue presentada por Mario Ricardo Drago Ego Aguirre, Luis Fernando Canevaro Maratuech, Edmundo Rodríguez Alvarado y Víctor Hugo Sarria Puertas contra el presidente de la República, Pedro Castillo, y sus hasta ahora mencionados ministros.

Como es conocido, el primer ministro Bellido es cuestionado por tener simpatía y posibles conexiones con facciones remanente del grupo terrorista “Sendero Luminoso”. Por su parte, el hoy ministro de trabajo Iber Maraví Olarte es investigado por tener “vínculos con dirigentes del Movimiento por la Amnistía de los Derechos Fundamentales (Movadef)”, según se describe en la demanda constitucional (expediente 001-2021-10JUZGADOCONSTITUCIONAL).

En una comunicación con Mario Ricardo Drago Ego, este sostiene que el propósito de este hábeas corpus es buscar que “el presidente tome consciencia de que no puede exponer al personal de la Policía y de las FFAA, que hoy están bajo su mando, a alguna clase de riesgo a su integridad y su vida”. 

Para los demandantes no se trata de quitarle las facultades al presidente Castillo. “Él sigue manteniendo esa discrecionalidad; sólo se pide (y el principio constitucional de seguridad nacional así lo exige) que esas personas no tengan ninguna clase de vínculos con, ni admiración por, los grupos a los que se investiga o contra los que se lucha”, resalta Mario Drago. 

Cabe resaltar que tanto el caso del primer ministro Bellido como el del ministro de trabajo Iber Maraví Olarte se encuentra en proceso de investigación. En este caso la presunción de inocencia los resguardaría. Mario Ricardo Drago Ego no niega esto, pero afirma que “esa presunción no permite negar los hechos constatados. Existen entrevistas grabadas, fotos, declaraciones, informes fiscales, investigaciones periodísticas, que hacen innegable la situación.  En este sentido, no se puede permitir poner en riesgo la integridad y la vida de los miembros de las FFAA y la Policía, y sus familiares y amigos”.

“Estas personas no son una amenaza por “haber sido condenadas por un delito”, sino por tener probados vínculos o admiración por grupos determinados. El mismo principio que impide a los congresistas a acceder a esa información cuando son investigados por los temas señalados en el artículo 34 del Reglamento del Congreso, es el que debe aplicarse acá”, afirma Mario Drago.

Sobre el Hábeas Corpus

Mario Drago sostiene que lo que se encuentra en riesgo es la integridad física de muchos peruanos que dedican su vida a luchar contra el terrorismo y proteger a todos los peruanos.

“La sola divulgación de información sensible sobre la lucha contra el terrorismo a personas con antecedentes como los descritos en la demanda interpuesta, genera un riesgo a la vida e integridad física de nuestros compatriotas de las FFAA y Policía, que arriesgan sus vidas en la lucha contra el terrorismo”, señala Mario Drago.

Los demandantes consideran que el hábeas corpus es el camino adecuado pues, a diferencia de la acción de amparo, este “protege otros derechos fundamentales como la vida e integridad personal, así como sus derechos conexos”, informa Mario Ego. Asimismo, sostienen que todas las decisiones estatales están sujetas al control constitucional como lo señala el expediente 4053-2007-PHC/TC (fundamentos 12, 13 y 15). “El tribunal Constitucional ha establecido que en nuestro país “no existen zonas grises exentas de control constitucional”, afirma el demandante Mario Drago.

“El presidente aún está a tiempo de corregir esta riesgosa decisión para nuestra seguridad nacional, pero si insiste en poner en peligro la integridad y vida de los defensores de la población, es esperable que el Poder Judicial sí actúe en defensa del estado de derecho”, concluye Mario Drago.

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