Exoneración del IGV para la venta de productos alimenticios, por Francisco Ruiz de Castilla

Derecho tributario
lunes 18 de abril del 2022
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Francisco Ruiz de Castilla
Profesor Principal PUCP

En estos días el actual gobierno ha tomado la decisión de exonerar del Impuesto General a las Ventas (IGV) a la importación y venta de ciertos productos alimenticios que forman parte de la canasta básica familiar tales como el pollo, huevos, azúcar, fideos y pan. Vamos a examinar esta medida desde el punto de vista económico y jurídico.

En materia económica conviene referirnos a un tema previo donde estuvo en juego la vida de las personas. En la etapa más dura de la actual pandemia, el gobierno de turno no exoneró de IGV a las ventas de medicinas, oxígeno, etc. ni tampoco hizo lo propio a los servicios de las clínicas privadas.

Sobre el particular trascendió que, según ciertos análisis internos del Ministerio de Economía y Finanzas, una exoneración legal del IGV no necesariamente implicaba la automática reducción de los precios en el mercado.

Volviendo a nuestra coyuntura, donde más bien se encuentra en juego la alimentación de las personas, nada permite asegurar que esta vez la reducción legal del IGV para la importación y venta de ciertos productos alimenticios que forman parte de la canasta básica familiar habrá de llevar a una reducción automática de precios seguida del incremento en el consumo por parte de los sectores sociales de menores ingresos.

Por otra parte, asumamos por un instante que la exoneración del IGV es efectiva. De todos modos, el actual ritmo de incremento de los precios de los productos de la canasta básica familiar (que supera largamente el 3% anual que constituye el promedio internacional generalmente aceptado como “normal”) continuará durante cierto tiempo, porque el fenómeno de la inflación (incremento de precios) que hoy vivimos en nuestro país tiene que ver con variables básicamente no tributarias tales como la inflación internacional de tipo generalizado, el incremento de los precios de los combustibles que son empleados para transportar específicamente las materias primas y productos finales, etc.

Al final de cuentas, lo más probable es que importantes sectores sociales de ingresos bajos continuarán experimentando una reducción de sus consumos básicos de orden alimenticio.

Seguidamente, pasemos al análisis jurídico. Aquí es menester referirse al Derecho Constitucional. En esta materia es muy importante el principio de razonabilidad en cuya virtud cada decisión del Estado se debe encontrar debidamente justificada. Sobre el particular conviene reflexionar en torno al principio de generalidad y el derecho a la alimentación.

En virtud del principio constitucional tributario de generalidad, los hechos generadores del IGV que se encuentran comprendidos en el art. 1 de la Ley del IGV – LIGV tales como la importación y venta de bienes no deben ser objeto de exclusiones, salvo que existan razones objetivas.

Se podría sostener, sin embargo, que una razón que justificaría ciertas exoneraciones del IGV consistiría en la mayor efectivización del ejercicio del derecho fundamental a la alimentación por parte de determinados sectores sociales de ingresos bajos.

Sobre el particular, se debe examinar la necesidad e idoneidad de la medida exoneratoria del IGV que ha sido anunciada por el gobierno. Con relación a la necesidad existen otras alternativas más eficaces para lograr un mayor ejercicio del derecho a la alimentación por parte de los sectores sociales más necesitados, como por ejemplo la entrega directa de víveres que el Estado podría llevar a cabo a favor de las familias de menores ingresos.

Respecto a la idoneidad de la medida bajo comentario, ya hemos visto que este tema se encuentra en tela de juicio toda vez que la exoneración legal del IGV no necesariamente lleva al logro del objetivo central que consiste en la mayor efectivización del derecho a la alimentación por parte de los sectores sociales de ingresos bajos.

Finalmente, se debe tomar en cuenta el literal a) de la Norma VII del Título Preliminar de nuestro Código Tributario, en la parte que señala que, en la Exposición de Motivos del dispositivo legal que establece normas exoneratorias de impuestos, se tiene que hacer referencia a todos aquellos estudios y documentos que permitan sustentar que la medida exoneratoria del IGV resulta ser la más idónea para el logro de los objetivos que se proponen. Al respecto acabamos de explicar que la medida desgravatoria que venimos analizando no cumpliría con este requisito.

A modo de conclusión, en economía y a nivel jurídico resulta discutible la decisión del gobierno de exonerar de IGV ciertos productos alimenticios que forman parte de la canasta básica familiar para incrementar el consumo de los sectores sociales de menores ingresos.

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