Insistencia en el poder: ¿puede la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales seguir sesionando?

Derecho constitucional
miércoles 21 de julio del 2021
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El 19 de julio pasado la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales se declaró en «sesión permanente» hasta el 26 de julio. Esta situación generó diferentes cuestionamientos en cuanto la validez de sus acciones. No obstante, ¿la subcomisión puede seguir sesionando cuando acaba la legislatura? ¿Queda el siguiente Congreso vinculado con las decisiones de la comisión especial? Para responder estas interrogantes conversamos con Heber Joel Campos, especialista en Derecho Constitucional y docente del Departamento Académico de Derecho de la PUCP.

Escribe: Celeste Meza

La cuarta legislatura, que inició el 13 de junio y finalizó el 16 de julio del 2021, tenía como objetivo el debate, votación y aprobación de diversas reformas constitucionales. Su culminación trae como consecuencia que todas las comisiones, tales como la subcomisión de Acusaciones Constitucionales, dejen de sesionar. Sin embargo, a través de (59) firmas manuscritas y (11) firmas digitales de siete bancadas del Congreso, se solicitó a Mirtha Vásquez, Presidenta del Congreso, la ampliación de una cuarta legislatura hasta el 22 de julio. 

A través de un comunicado, Mirtha Vásquez, declaró inadmisible el pedido argumentando que afectaría «los derechos, principios y valores» de la Constitución, así como el reglamento del Congreso. Así, según el artículo 49 del Reglamento del Congreso, “solo se puede ampliar la convocatoria de la legislatura si cumple con los siguientes requisitos: i) contiene agenda fija y ii) que la solicitud lo suscriban 66 congresistas”. 

La presidenta del Poder Legislativo refirió que en el caso concreto no se cumple con ninguna, puesto que “se propone tratar iniciativas observadas para una posible insistencia”, ello resulta indeterminado. De la misma manera, respecto de los casos en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, ello no es tema de agenda para el Pleno del Congreso. Por último, respecto al número de firmas de los congresistas, habría un problema de forma respecto a su validación ante el RENIEC. 

No obstante, el 19 del presente mes, la Subcomisión se declaró en «sesión permanente» hasta el 26 de julio. Una de las integrantes de este órgano, la congresista Martha Chávez Cossio, calificó de “obstruccionista” la decisión de la Presidenta del Congreso y se mostró a favor de esta decisión indicando lo siguiente: 

«Nosotros hemos sido elegidos y nuestro mandato, nuestra remuneración, es hasta el 26 de julio. Incluso puede instalarse la Junta Preparatoria, pueden incorporarse los nuevos congresistas, elegir la Mesa Directiva, pero su legislatura y su labor recién comienza el 27 de julio y nosotros terminamos el 26 y yo creo que hasta el 26 hay que trabajar». 

Cuando acaba la legislatura, ¿puede seguir sesionando la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales? 

La subcomisión de acusaciones constitucionales es una comisión especial del Congreso. Así según el artículo 89, literal c, del Reglamento del Congreso de la República, la Subcomisión:

“Es el órgano encargado de calificar la admisibilidad y procedencia de las denuncias constitucionales presentadas, así como realizar la investigación en los procesos de acusación constitucional, emitiendo el informe final correspondiente. El número de integrantes y su conformación responden a los principios de pluralidad y proporcionalidad de todos los grupos parlamentarios. Sus miembros, entre ellos su Presidente, son designados por la Comisión Permanente. La calificación sobre la admisibilidad y/o procedencia de las denuncias, se realizará en un plazo máximo de diez (10) días hábiles, conforme criterios mencionados en el mismo artículo”.

Para el especialista Heber Joel Campos, esta comisión especial tiene como tarea principal tramitar las denuncias constitucionales interpuestas contra los altos funcionarios del Estado señalados en el artículo 99 de la Constitución. De la misma manera, refiere que no se debe confundir como un grupo adscrito a la Comisión Permanente, pues “ambas son comisiones autónomas que cumplen funciones y tareas específicas a nivel del antejuicio y el juicio político antes de la decisión final que adopta sobre estos el Pleno del Congreso”. 

No obstante, según el especialista, esta comisión especial ya no puede sesionar cuando una legislatura ha concluido. “Ninguna comisión ordinaria o especial puede seguir sesionando, salvo de forma extraordinaria y en función de una agenda específica. Esta situación se torna más clara cuando nos hallamos ante la última legislatura de un periodo parlamentario, pues esta da paso al nuevo Congreso que, de acuerdo al Reglamento de este poder del Estado, empieza a desarrollar actos preparatorios desde el 15 de julio”, sostuvo.

Así calificó de “poco razonable e inadecuada” la decisión de los miembros de esta comisión especial de seguir sesionando cuando las actividades del Pleno -que es el órgano principal del Congreso- han finalizado. 

¿Las acciones de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales vincularían al siguiente Congreso?

Según Campos, las acciones de esta comisión especial sí tendrán efectos en el próximo Congreso. “Si la subcomisión de acusaciones constitucionales continúa sesionando y aprueba, por ejemplo, un informe de calificación de una denuncia constitucional o un informe final que luego debe ser aprobado, a su vez, por la Comisión Permanente, el nuevo Congreso debe continuar con dicho trámite en la etapa en la que se encuentre”.

En esta situación, continúa el especialista, “es importante advertir lo siguiente: i) el derecho al debido proceso también es exigible en sede parlamentaria y ii) existen antecedentes de decisiones jurisdiccionales que han declarado nulas investigaciones y sanciones impuestas por el Congreso. Por eso es fundamental que los parlamentarios entiendan la relevancia de conducirse de forma escrupulosa de acuerdo a lo que prevé la ley y la Constitución”. De manera contraria, podría repercutir en procesos trascendentes hacia los conocidos funcionarios públicos,“ si no se cumple ello, podrían contribuir a viciar procesos penales contra altos funcionarios cuestionados que, en circunstancias normales, deberían ser objeto del mayor escrutinio posible por parte de la justicia”, finalizó.

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