Juicio político de Martín Vizcarra: ¿Al Congreso o a su casa?

Derecho constitucional
jueves 15 de abril del 2021
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El Pleno del Congreso de la República revisará este viernes 16 de abril las acusaciones constitucionales y definirá la situación política actual del expresidente Martín Vizcarra por el caso ‘Vacunagate’. A fin de analizar esta situación conversamos con Heber Joel Campos, especialista en Derecho Constitucional y docente del Departamento Académico de Derecho de la PUCP.

Escribe: Celeste Meza Azaña

El 16 de abril a las 9:00 h, Martín Vizcarra afrontará la acusación constitucional y el pedido de inhabilitación en planteado en el Informe Final – Denuncias Constitucionales 423 y 427  ante el Pleno del Congreso de la República por haber incurrido en seis infracciones constitucionales (contra los Artículo 2°, inciso 2; Artículo 7°; Artículo 9°; Artículo 38°; Artículo 39°y el Artículo 118° inciso 1 de la Constitución). Como se recuerda este y sus familiares fueron inoculados con las dosis contra el Covid-19 de la empresa farmacéutica Sinopharm. Asimismo, dentro de este proceso, también se evaluará la posible inhabilitación de Pilar Mazzetti y Elizabeth Astete.

¿Qué es la inhabilitación política?

Según nuestra jurisprudencia (EXP. N° 3760-2004-AA/TC) es una “sanción política discrecional pero sujeta a criterios de razonabilidad constitucional, que impone el Congreso de la República. […] En el aspecto sustantivo, los efectos de la inhabilitación impiden al funcionario público sancionado ejercer el derecho de sufragio (elegir y ser elegido), el derecho de participación y el derecho a fundar, organizar, pertenecer o representar a una organización o partido político”.

Asimismo, según el artículo 100 de la Constitución del Perú, corresponde al Congreso suspender o no al funcionario acusado o inhabilitarlo para el ejercicio de la función pública hasta por diez años, o destituirlo de su función sin perjuicio de cualquiera otra responsabilidad. En este caso concreto, el Congreso revisará la acusación constitucional que plantea la inhabilitación de diez años al expresidente Martín Vizcarra, junto al caso de las exministras Pilar Mazzetti y Elizabeth Astete en donde se propuso la inhabilitación de 8 años y 1 año, respectivamente.

Escenario de inhabilitación

Según el profesor Campos, “El efecto práctico sería que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) no le entregaría al expresidente Martín Vizcarra las credenciales como Congresista de la República. Si el Congreso lo inhabilita por las infracciones constitucionales, como lo ha propuesto la Comisión permanente, este sería reemplazado por el accesitario de su partido”, tal como lo establece el artículo 25 del Reglamento del Congreso de la República.

Este artículo dice lo siguiente: “En caso […] que haya sido inhabilitado o destituido en juicio político por infracción constitucional; o que haya sido condenado mediante sentencia firme a pena privativa de la libertad efectiva por la comisión de delito doloso, el congresista será reemplazado por el accesitario”. El accesitario, por su lado, es la persona que quedó en la lista de candidatos con opción preferente y no llegó a ocupar un lugar como congresista.

En el caso del Partido Democrático Somos Perú, cuya lista es comandada por Martín Vizcarra, según la ONPE  actualmente contaría con 4 escaños que estarían ocupados por Martin Vizcarra, Yonel Alcarraz, Alfredo Azurín y Yorel Alcarraz. El caso de que Vizcarra sea inhabilitado, su curul pasaría a la quinta persona de su partido.

¿Cómo se podría evaluar los criterios de razonabilidad?

Según Campos “en nuestra Constitución no establece criterios de razonabilidad concretos para efectos del juicio político. Lo que tenemos son dos artículos 99 y 100, en donde se establecen que lo altos funcionarios del Estado (Presidente, los representantes del Congreso, Ministros de Estado, Fiscales Supremos, Magistrados del Tribunal Constitucional, entre otros), están sujetos al llamado juicio y antejuicio político; no obstante, la Constitución no señala expresamente cuáles son los supuestos por los cuales el Congreso puede acusar y eventualmente sancionar a alguno de esos altos funcionarios”, señaló.

En este caso, juicio político, el profesor Campos establece que “lo que la Constitución señala y, además, así lo ha entendido la jurisprudencia del Tribunal Constitucional es que este procedería cuando nos encontramos ante una infracción de la Constitución”. El problema, señaló el constitucionalista, es que “muchas de las normas constitucionales son normas ambiguas, por ello es muy difícil establecer las condiciones de aplicación de esas normas sobre todo cuando están vinculadas con comportamientos y actores políticos tan relevantes”. Consecuentemente, el efecto práctico que esto ha tenido es que “el Congreso ha interpretado de forma discrecional sobre cómo debe entenderse cada uno de esos artículos en un caso concreto. Esta vez ya no será la excepción”, enfatizó.

Demanda de amparo

Una vez que su proceso concluya y se establezca su inhabilitación, Martín Vizcarra “puede presentar una demanda de amparo por sus derechos políticos de cese a la función pública. Hay antecedentes en los cuales actores políticos han interpuesto demandas de amparo contra el Congreso en protección de sus derechos fundamentales, por ejemplo, tenemos el caso del expresidente Alan García”, mencionó el especialista.

En el caso de Alan García, si bien es cierto que no se presentó un amparo en contra el Congreso por haberse vulnerado sus derechos en el marco de un juicio político, este fue realizado en contra de una Comisión investigadora por los hechos que se suscitaron durante su periodo de gobierno. Se trató de la famosa Megacomisión. En este caso, el Poder Judicial le dio la razón y declaró la nulidad de todo lo que había realizado el Congreso en el desarrollo de su investigación contra este expresidente.

En el caso de Vizcarra, “su defensa podría presentar una demanda, en el marco de aquella podría presentar un pedido de medida cautelar, si esta es favorable el Jurado Nacional de Elecciones tendría que otorgarle la credencial como congresista de la República” ,comentó.

Asimismo, según el especialista, “si en primera instancia el Poder Judicial le da la razón a Martín Vizcarra, el Congreso podría apelar esta resolución y se pasaría a un pronunciamiento en segunda instancia. Si expresidente Vizcarra tiene un fallo favorable en esta segunda instancia, allí terminaría todo; no obstante, si -por el contrario- obtiene un fallo desfavorable él podría presentar un recurso de agravio constitucional ante el TC”.

Heber Joel Campos: “En este escenario político es complicado pensar en tema de razonabilidad como suelen hacerlo los jueces. La sanción política tiene unas características que no están presentes en la reflexión que realizan los jueces en el momento de poner sanciones penales o administrativas. Naturalmente hay un margen de discreción política, pero eso no puede confundirse con arbitrariedad. El Congreso no puede actuar de forma libre, tiene que respetar unos cánones y criterios y dar argumentos que justifiquen la sanción que impone a los(as) funcionarios(as)”.

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