La penalización de la difusión de información reservada de investigaciones penales

Derecho constitucional
lunes 4 de julio del 2022
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Rafael Chanjan Documet

Profesor PUCP e investigador sénior IDEHPUCP

Hace algunos días, representantes del Poder Ejecutivo señalaron a medios de comunicación y a la opinión pública que se había aprobado en el Consejo de Ministros un proyecto de ley que busca penalizar la difusión de información reservada de investigaciones penales. De acuerdo con las declaraciones de funcionarios del Ejecutivo, la intención de esta propuesta normativa sería proteger el normal desarrollo de las investigaciones fiscales, evitando las filtraciones de información que pudiera entorpecer su desarrollo.

Si bien hasta la fecha no se conoce públicamente el texto definitivo del proyecto en mención, se pretendería sancionar penalmente a aquellas partes procesales (funcionarios jurisdiccionales y privados) que conocen esta información de carácter reservado. No obstante, como se explicará en las siguientes líneas, un proyecto de ley de esta naturaleza debería ser rechazado tajantemente por diversas razones.

En primer lugar, el proyecto de ley vulneraría el derecho fundamental a la libertad de información de periodistas y ciudadanía en general. De acuerdo con nuestro Tribunal Constitucional, “el objeto de la libertad de información no puede ser otro que la información veraz. Las dimensiones de esta libertad son: a) el derecho de buscar o acceder a la información y b) la garantía de que el sujeto portador de los hechos noticiosos pueda difundirla libremente”[1].

En tal sentido, penalizar la labor de difusión de información de relevancia pública que realiza un periodista estaría imposibilitando desproporcionalmente que, por ejemplo, la ciudadanía pueda acceder a noticias de graves hechos de corrupción que involucren a autoridades. Periodistas podrían verse amenazados si quisieran difundir una información –temporalmente reservada durante la investigación– obrante en alguna carpeta fiscal (piénsese en algún documento, declaración de colaborador eficaz o testigo protegido).

Al respecto, debe tenerse en cuenta que el combate a la corrupción es un interés que viene reforzado por la Constitución, por lo que debería prevalecer ante algún otro interés vinculado a reforzar la reserva de las investigaciones (Art. 324 del Código Procesal Penal de 2004)[2]. Así, el Tribunal Constitucional señaló lo siguiente:

“59. Una ponderación no menos equilibrada se requiere en un asunto en el que, como en el presente caso, se encuentra directamente involucrada la eficacia de la lucha anticorrupción prevista por el Estado peruano como su principal objetivo en el diseño de la política criminal de los últimos 5 años. No sólo por una cuestión de connotación sociológica, sino porque, en el plano normativo-constitucional, tal como ocurre con el terrorismo, el tráfico ilícito de drogas, el espionaje, la traición a la patria y el genocidio, el Constituyente ha advertido la dimensión particularmente disvaliosa de los actos de corrupción, por la magnitud de daño que provocan al cuadro material de valores reconocido por la Constitución”[3].

En segundo lugar, la propuesta legal expondría a periodistas u otros particulares a posibles imputaciones penales a título de cómplices o instigadores por revelar o difundir la información de carácter reservado, puesto que, si bien se ha señalado desde el Ejecutivo que la norma no pretende sancionar a periodistas, lo cierto es que nuestro Código Penal (CP) no solo sanciona a los autores de un delito, sino también a los cómplices e instigadores, algo que no sucede con el sistema administrativo-disciplinario del Ministerio Público o el Poder Judicial.

En efecto, los artículos 24 y 25 del Código Penal posibilitan sancionar incluso a aquellas personas que participan en el delito sin tener la calidad especial que exige un delito (juez o fiscal, por ejemplo). En nuestro ordenamiento penal se permite la sanción penal del extraneus en delito especiales, mediante las formas de participación criminal[4]. Esto ahora es más claro a partir de la modificación que se hizo al Art. 25 del CP, el cual, en su tercer párrafo, señala que “el cómplice siempre responde en referencia al hecho punible cometido por el autor, aunque los elementos especiales que fundamentan la penalidad del tipo legal no concurran en él”.

Si bien es cierto que la defensa de un periodista podría argumentar categorías dogmáticas como la “prohibición de regreso”, el “riesgo permitido”[5] o “el ejercicio legítimo de un derecho u oficio” (Art. 20.8 del CP) para eximir de responsabilidad penal, esto deberá probarse en el marco de un proceso penal, lo cual ya supone tener que comparecer ante órganos de justicia en calidad de imputado. De otro lado, al tener la calidad de imputado y no de testigo, no regirían para el periodista las reglas del secreto profesional.

En tercer lugar, esta norma tendría un impacto político-criminal negativo en el combate a la corrupción por dos aspectos: i) desincentivaría a que fiscales fomenten e impulsen colaboraciones eficaces o testigos protegidos por el riesgo de que se vean envueltos en investigaciones penales en su contra por filtraciones que pueden tener múltiples fuentes (policía, asistentes jurisdiccionales, personal administrativo, abogados, etc.); y ii) cierra espacios de fiscalización ciudadana a los propios órganos de justicia, pues a través del conocimiento de informaciones obrantes en carpetas fiscales se puede evaluar de mejor manera la eficiencia del sistema de justicia en casos emblemáticos de corrupción y crimen organizado de interés nacional.

En cuarto lugar, la penalización de estas conductas de revelación o difusión resultaría innecesaria o inocua si se toma en cuenta que, muchas veces, a criterio del propio fiscal a cargo del caso, se decide válidamente hacer pública una información reservada cuando se solicita prisión preventiva o impedimento de salida del país, por ejemplo. En estos casos, como ha sucedido en el caso Lava Jato, declaraciones de colaboradores eficaces son difundidas en audiencias públicas, a pesar de que el caso aún se encuentra en investigación. Sería un contrasentido que se sancione penalmente aquello que el propio Código Procesal Penal luego permite publicar, otorgando tal facultad al fiscal.

Por último, cabe indicar que ya existen sistemas disciplinarios internos en el Ministerio Público, el Poder Judicial y la Policía Nacional del Perú que se encargan de investigar y sancionar conductas de filtración de información reservada. En tal sentido, si es que se quiere elevar a la categoría de delito la difusión de estas informaciones debería mínimamente hacerse un diagnóstico de la situación actual de estos sistemas disciplinarios para evaluar cuáles han sido las razones por las cuales resultan insuficientes para prevenir estos actos. En todo caso, una medida más conveniente y razonable debería ser incidir en el fortalecimiento de estos órganos disciplinarios a fin de prevenir y controlar mejor estas infracciones funcionales de filtración, evitando así un excesivo punitivismo sobre funcionarios y periodistas.


[1] STC N. º 00905-2001-AA/TC, FJ. 10-11.

[2] “1. La investigación tiene carácter reservado. Sólo podrán enterarse de su contenido las partes de manera directa o a través de sus abogados debidamente acreditados en autos. En cualquier momento pueden obtener copia simple de las actuaciones”.

[3] STC 00019-2005-PHC/TC, Fundamento 59.

[4] Ver al respecto lo señalado por el Acuerdo Plenario 2-2011 de la Corte Suprema de Justicia.

[5] Ver VILLAVICENCIO TERREROS, F. La imputación objetiva en la jurisprudencia peruana. Derecho PUCP. 60. 2007. p. 253-279.

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