La restitución del indulto a Fujimori: ¿Crónica de una invalidez anunciada?, por Luciano López Flores

Derecho constitucional
martes 12 de abril del 2022
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Luciano López Flores
Constitucionalista
Profesor de la Maestría en Derecho Procesal de la PUCP

El 17 de marzo de este año, el Tribunal Constitucional publicó una nota de prensa en la que daba a conocer a la opinión pública el sentido de la votación de la causa signada con el Expediente 02010-2020-PHC/TC. Se trataba del recurso de agravio constitucional planteado por Gregorio Parco Alarcón contra la sentencia de vista dictada por la Sala Mixta de Emergencia de la Corte Superior de Ica que había declarado improcedente la demanda de habeas corpus que dicha persona planteó a favor del ex presidente Alberto Fujimori Fujimori.

En dicha nota de prensa se indicó que ante el empate en la votación (3 votos a favor de declarar fundada la demanda y 3 por declararla improcedente), “de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 10-A del Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional, que establece el voto decisorio del presidente del Tribunal Constitucional en las causas en que se produzca empate en la votación, la sentencia que declara fundada la demanda quedó conformada por los votos de los magistrados Ferrero Costa, Sardón de Taboada y Blume Fortini”. Se dijo, además, que dicha sentencia, “restituye los efectos de la Resolución Suprema 281-2017-JUS, del 24 de diciembre de 2017, que concedió el indulto humanitario al demandante, y dispone su libertad”.

En ese momento, el contenido del fallo aún no había sido publicado. Se haría días después. Sin embargo, había razones de peso para considerar que no superaría el control por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, “Corte IDH”), en el marco de supervisión de la sentencia del caso Barrios Altos y La Cantuta.

Y es que, como se recordará, el 30 de mayo de 2018, la Corte IDH emitió la resolución de supervisión de cumplimiento de sentencia emitida en los casos Barrios Altos y La Cantuta, en cuyo cuarto punto resolutivo dispuso:

“que tanto el Estado del Perú como los intervinientes comunes de los representantes de las víctimas presenten a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a más tardar el 29 de octubre de 2018, información sobre los avances por parte de la jurisdicción constitucional del control del “indulto por razones humanitarias” concedido a Alberto Fujimori, en relación con el cumplimiento de la obligación de investigar, juzgar y, de ser el caso, sancionar las graves violaciones a los derechos humanos determinadas en las Sentencias emitidas en los casos Barrios Altos y La Cantuta, de conformidad con lo indicado en los Considerandos 18 a 71 de [dicha] Resolución”.

Con base a la Resolución de la Corte IDH, el 3 de octubre de 2018, ante un pedido de control de convencionalidad solicitado por las víctimas al juzgado supremo de la investigación preparatoria, dicha judicatura resolvió declarándolo fundado y, en consecuencia, estableció que el indulto otorgado a Alberto Fujimori carecía de efectos. Apelada dicha resolución, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, mediante resolución del 13 de febrero de 2019, confirmó el auto apelado.

Es contra dichas resoluciones judiciales que el Sr. Gregorio Parco Alarcón plantea demanda de habeas corpus a favor de Alberto Fujimori, a fin de que la justicia constitucional invalide dichos fallos y, consecuentemente, se restaure la vigencia del indulto humanitario otorgado al ex dictador.

Pero, ¿qué había establecido la Corte IDH en su resolución del 30 de mayo de 2018? ¿era posible restaurar los efectos del indulto otorgado a Fujimori?

La Corte IDH dijo que no cabía el perdón de la pena. En el fundamento 68 de la resolución del 30 de mayo de 2018, así lo puntualizó:

“Corresponderá a las autoridades nacionales analizar si el ordenamiento jurídico peruano prevé otras medidas que, sin implicar un perdón de la pena por el Ejecutivo, permitan proteger la vida e integridad de Alberto Fujimori, condenado por graves violaciones a los derechos humanos, en caso de que realmente su situación de salud y condiciones de detención pongan en peligro su vida. Se debe ponderar cuál es la medida más acorde al respeto al principio de proporcionalidad y al derecho de acceso a la justicia de las víctimas”.

Es más, en el fundamento 69 advirtió que existían “serios cuestionamientos relativos al cumplimiento de los requisitos jurídicos estipulados en el derecho peruano para otorgar dicho “indulto por razones humanitarias” […], los cuales correspond[ía] que sean analizados por las autoridades jurisdiccionales nacionales competentes”. Tales cuestionamientos estaban referidos a diversos hechos que, paradójicamente, el Tribunal Constitucional calificó de “subjetivos” en su sentencia del pasado 17 de marzo, dado que sobre ellos es que tanto el juzgado supremo de investigación preparatoria como la Sala Penal Especial de la Corte Suprema se pronunciaron por la carencia de efectos del indulto otorgado a Fujimori.

Tales presupuestos mostraban nítidamente en el horizonte que la sentencia del Tribunal Constitucional era manifiestamente contraria a la resolución del 30 de mayo de 2018. Era crónica de una invalidez anunciada en la supervisión de sentencia de los casos Barrios Altos y La Cantuta. Y así sucedió. La Corte IDH, en la resolución del 7 de abril de 2022 concluye en su fundamento 41:

“[L]a sentencia emitida por el Tribunal Constitucional el 17 de marzo de 2022, que restituye los efectos al indulto a favor de Alberto Fujimori, no cumplió con las condiciones determinadas por este Tribunal en la Resolución de supervisión de 30 de mayo de 2018 (supra Considerandos 13 a 20). En esta medida, en tanto dicha sentencia es contraria a lo establecido por este Tribunal al interpretar y aplicar la Convención Americana, el Estado debe abstenerse de implementarla en cumplimiento de sus obligaciones convencionales”.

La defensa de Fujimori deberá, así, explorar otros espacios que, sin evitar el cumplimiento de la pena, tutelen el derecho a la salud y a la vida de Alberto Fujimori, más aún en su condición de persona adulta mayor (que goza de protección especial). Y, el Estado Peruano, en específico el Tribunal Constitucional, debe tomarse en serio la protección de los derechos fundamentales. La jurisdicción supranacional así lo exige; sobre todo en estos tiempos de control de convencionalidad.

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