La sombra del 5 de abril, por Edward Dyer

Derecho constitucional
lunes 4 de abril del 2022
199 comentario0

Escribe: Edward Dyer
Abogado constitucionalista por la PUCP
Egresado del Máster en Global Rule of Law & Constitutional Democracy

Hace 30 años, el ex Presidente Alberto Fujimori daba –de improviso- un mensaje a la nación, a altas horas de la noche, en el que reconocía sentir: “la responsabilidad de asumir una actitud de excepción para procurar aligerar el proceso de reconstrucción nacional”. Dicha actitud lo llevó a decretar las siguientes medidas:

  • Disolver el Congreso de la República.
  • Reorganizar el Poder Judicial, el Consejo Nacional de la Magistratura, el Tribunal de Garantías Constitucionales y el Ministerio Público.
  • Reestructurar la Contraloría General de la República.

Dichas decisiones se materializaron en el Decreto Ley N° 25418, del día 6 de abril de 1992, el cual instituyó de manera “transitoria” el Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional. La escogencia del tipo de fuente normativa no era casualidad. A partir de ese momento el propio gobierno de Fujimori reconocía que había quebrado el orden constitucional fundado por la Constitución de 1979, y había cruzado la línea hacia un régimen autocrático donde la base de los actos del poder político no se encontraba más en una Constitución diseñada democráticamente, sino en aquel decreto ley elaborado por el propio gobernante de turno.

La ruptura con el orden constitucional era inevitable pues la Constitución vigente no contemplaba la posibilidad de disolver (todo) el Parlamento. De un lado, (i) el artículo 227 confería la facultad al Presidente de la República de disolver la cámara de diputados si se negaba la confianza o censuraba a tres consejos de ministros[1] (lo cual no había ocurrido); y de otro, (ii) el artículo 230 establecía claramente que el Presidente no podía disolver el Senado[2].

El citado Decreto Ley N° 25418 establecía, entre otras disposiciones, que el Gobierno de Emergencia tenía como propósito modificar la Constitución de 1979[3]; y, además, que el propio Presidente de la República quedaba facultado para legislar con el voto aprobatorio de su Consejo de Ministros hasta que se instaurase el nuevo Congreso mediante la modificación de la Constitución. Por último, la Constitución de 1979 quedaba suspendida en todos los extremos que se oponían al decreto ley.

Desde un análisis de validez jurídica, resulta evidente que la disolución del Congreso, así como la misma suspensión de la Constitución de 1979 resultaba inconstitucional pues no había una regla de dicha norma fundamental que habilitara la expedición de las normas contenidas en el Decreto Ley 25418.

A otro nivel, en una dimensión tan importante como la de la validez, como resulta ser el nivel de la cultura constitucional, lo que hizo el gobierno de Alberto Fujimori fue socavar el proceso de constitucionalización de todo el ordenamiento jurídico, entendido este como un fenómeno que despliega la fuerza vinculante de las normas constitucionales, condicionando a la legislación, la jurisprudencia y a todo acto público y privado a su contenido[4].

En dicha línea, si bien se pudo construir un nuevo orden constitucional a través de la convocatoria a un -cuestionado[5]– Congreso Constituyente Democrático que terminó por someter a referéndum la actual Constitución de 1993, el propio Tribunal Constitucional reconoció, en la STC N° 014-2003-AI, que aún cuando no tenía un parámetro normativo para juzgar la validez de la nueva Constitución (dado que la de 1979 había dejado de tener efectos normativos y, por ende, su validez quedaba “confirmada”), subsistían reparos éticos que deberían ser resueltos desde una perspectiva política, “bajo riesgo de seguirse socavando nuestra aún precaria institucionalidad[6]”.

En su libro, Power to the people, Mark Tushnet y Bojan Bugaric analizan el fenómeno del impacto del populismo en la democracia constitucional. Una de las manifestaciones que estudian es el uso instrumental de una disposición normativa por parte del gobernante o autoridad política. Aun cuando advierten de los matices y grados que pueden haber[7], la idea central puede describirse de la siguiente manera: dependiendo del contenido de la norma y del espacio interpretativo que esta deja, la “erosión normativa” que se produce por sortearla o incumplirla abiertamente impacta (leve o gravemente) en la erosión de la democracia constitucional[8].

Como comunidad política fundada en el orden constitucional, debemos tomar conciencia del peligro que representa la “erosión normativa” de las disposiciones constitucionales. Si bien no hemos vuelto a sufrir una ruptura del orden constitucional como en 1992, en los últimos años hemos sido testigos/as del uso indiscriminado y muchas veces no razonable de instituciones constitucionales como la vacancia presidencial, la cuestión de confianza o la disolución del Congreso.

La aplicación de dichas normas, a sabiendas de los espacios grises que su texto y los casos específicos de materialización ofrecían, significaron en muchos supuestos un uso instrumental de las herramientas conferidas por la Constitución. Y con un uso instrumental de las normas más importantes de nuestro sistema jurídico se abre la posibilidad de ir erosionando la propia democracia constitucional.

Hoy, 5 de abril de 2022, la sombra del autogolpe parece posarse sobre nuestro orden constitucional. Mediante Decreto Supremo N° 034-2022-PCM, el gobierno de Pedro Castillo decidió extender los alcances del estado de emergencia decretado mediante D.S. N°025-2022-PCM, ordenando la inamovilidad social obligatoria, al amparo del artículo 137° de la Constitución, en Lima Metropolitana y Callao. Dicha medida se da como respuesta desproporcionada e irrazonable a las protestas sociales que se desplegaron el día 4 abril en diversos puntos del país.

Es cierto que resulta ser clara la diferencia entre ambos fenómenos constitucionales: mientras el autogolpe representó una ruptura del orden constitucional, la promulgación de un decreto supremo inconstitucional representa una violación a una parcela de aquel. Empero, el hecho mismo de usar disposiciones normativas de la Constitución abiertamente para fines no conformes a dicha norma fundamental nos pone, como comunidad, en la vereda de la erosión de la democracia constitucional. Es tarea de todos/as promover la defensa del orden constitucional y superar, pronto, la formación de nuevas sombras.


[1] Artículo 227.- El Presidente de la República está facultado para disolver la Cámara de Diputados si ésta ha censurado o negado confianza a tres Consejos de Ministros.

[2] Artículo 230.- El Senado no puede ser disuelto.

[3] Artículo 2.- Constituye objetivo fundamental del Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional la reforma institucional del país, orientado a lograr una auténtica democracia, que eleve sustancialmente los niveles de vida de la población creando las condiciones para una mejor realización de la persona humana.

Dicha reforma busca establecer las siguientes metas:

  1. Proponer la modificación de la Constitución Política para que el nuevo instrumento resultante sirva de medio eficaz para el desarrollo.

[4] Al respecto léase: GUASTINI, Riccardo. La interpretación constitucional. En: Enciclopedia de Filosofía y Teoría del Derecho. Vol 3. Universidad Nacional Autónoma de México. pp. 2024-2025.

[5] La convocatoria y las reglas de juego del CCCD fueron recogidas en el Decreto Ley N° 25684, elaborado por el gobierno autoritario. Además, es posible que alto nivel de concentración de poder que detentaba el régimen fujimorista impactar en la conformación de dicho órgano parlamentario. Como resultado, la bancada oficialista obtuvo 44 escaños, mientras el PPC, la segunda fuerza política, obtuvo solo 8. Vale mencionar que hubo un ausentismo del 27.8% del electorado.

[6] STC N° 014-2003-AI/TC.

[7] TUSHNET, Mark y Bojan, BUGARIC. Power to the people. Constitutionalism in the age of populism. New York: Oxford University Press, 2021. pp. 75-77.

[8] Tushnet y Bugaric reconocen que pueden haber supuestos donde las normas constitucionales se han osificado a tal punto que una inobservancia de las mismas para cambiar el orden constitucional puede terminar promoviendo más democracia constitucional, en comparación con el orden vigente. Evidentemente, este es un dato contingente y es también probable que la “erosión normativa”, ofrezca como resultado un nuevo orden no democrático. Ibíd. pp. 222-224.

DEJA UN COMENTARIO