¿Qué significa el rechazo de la prisión preventiva?: Caso Martín Vizcarra

Derecho penal
sábado 20 de marzo del 2021
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A pesar de la existencia de graves y fundados elementos de convicción que sustentan la hipótesis de que el expresidente habría cometido actos ilícitos se rechazó el pedido de prisión preventiva. A fin de analizar esta decisión conversamos con Romy Chang, especialista en Derecho Penal y docente del Departamento Académico de Derecho de la PUCP.

Escribe: Celeste Meza

El 19 de marzo se dio lectura de la resolución del pedido de 18 meses de prisión preventiva contra Martín Vizcarra Cornejo, investigado por haber recibido presuntos sobornos de 2.3 millones de soles de las empresas OBRAINSA e ICCGSA durante su administración como gobernador regional de Moquegua (2011-2014). Los presuntos delitos imputados son cohecho, colusión y asociación ilícita para delinquir.

La jueza María de los Ángeles Álvarez dictaminó que existen graves y fundados elementos de convicción que sustentan lo establecido por el fiscal Germán Juárez; es decir, que el expresidente Vizcarra sí habría cometido los presuntos actos ilícitos de cohecho pasivo impropio y colusión agravada. Respecto al delito de asociación ilícita para delinquir, se consideró que el fiscal debe fundamentar cuál habría sido el nivel de participación de cada una de las personas en el caso concreto.

Sin embargo, al analizar el peligro procesal para determinar si existe un peligro de fuga por parte del investigado o un peligro de obstaculización, la magistrada concluyó que los argumentos dados por la fiscalía no justifican la prisión preventiva. 

Para analizar lo dictaminado por la jueza se debe tener en cuenta cuáles son los requisitos para que se pueda admitir esta medida excepcional, prisión preventiva.  La profesora Romy Chang nos recuerda que la prisión preventiva debe contar con tres elementos: i) Deben existir fundados y graves elementos que generan convicción de que el delito se ha cometido; ii) el delito debe tener una pena mayor de cuatro años; y iii) debe existir peligro procesal; es decir, que haya un riesgo que el investigado se fugue o que intervenga en el curso normal del proceso (influyendo en los testigos o colaboradores, destruyendo pruebas, entre otros actos perjudiciales para el correcto proceso). 

Respecto al primer elemento, la jueza estableció que existen graves y fundados elementos de convicción sobre la existencia de delitos en dos proyectos de la región Moquegua: “Lomas de Ilo” y “Hospital Regional de Moquegua”.

En cuanto al primer caso, el fiscal estableció que cuando Vizcarra era el gobernador de Moquegua solicitó a esta empresa particular un soborno de s/ 1 millón. La jueza señaló que, “atendiendo a elementos de convicción, sería una sospecha que hayan sido a cambio de un pago ilícito por el otorgamiento de información privilegiada, así como la aprobación y suscripción del contrato”. Asimismo, también señaló que existía suficiente corroboración del cobro de los presuntos pagos. 

En cuanto al segundo caso, el proyecto “Hospital Regional de Moquegua”, la jueza estableció que debido a las manifestaciones de los colaboradores eficaces y otros elementos, existiría elementos de convicción que denotaban una alta probabilidad de que hubiese una presunta contraprestación a favor de Martín Vizcarra. 

Para Romy Chang, todo ello es una conclusión favorable para la fiscalía, pues implica que existen abundantes, fundados y graves, elementos de convicción. Estas cuestiones favorables para la fiscalía también se pueden advertir cuando se hace mención que no se trata de declaraciones de colaboradores que buscaban ser corroboradas por otros bajo la misma condición, sino, más bien, que estas declaraciones estaban siendo corroboradas con hechos: mensajes de WhatsApp, llamadas, documentación, entre otros.

“Esto evidencia que no se trata de una supuesta colusión para perjudicar a Vizcarra. La jueza ha indicado que cada declaración presenta elementos que podían ser corroborados con el resultado final”, manifestó Romy Chang. Asimismo, la penalista indicó que ello resultaría favorable para el fiscal porque le da una mayor solidez para presentar su acusación, sobre todo teniendo en cuenta que ésta se realizará frente a la misma magistrada”.

Respecto al segundo elemento de la prisión preventiva , según el Código Penal y acorde al caso concreto, estos delitos tendrían una pena mayor de cuatro años. Consecuentemente, hasta este punto se cumplirían con lo establecido para el requerimiento de la prisión preventiva. 

En cuanto al tercer elemento, la jueza hace un análisis muy detallado respecto al peligro de fuga. Así manifestó que lo establecido por el fiscal, respecto a si existía un peligro que el expresidente huya o pida asilo en Bolivia, sería una mera especulación. Romy Chang señala que “no se han relevado recientes comunicaciones con personal diplomático de Bolivia, o con el presidente de Bolivia o acciones que denotan esta intención”. Ello no permitiría tomar en cuenta ese elemento.  

Asimismo, la jueza Álvarez admitió a favor del expresidente los arraigos domiciliario y laboral. En cuanto al arraigo laboral, la penalista Romy Chang expresó que “el hecho que no esté en planilla en alguna empresa no constituye que no tenga arraigo laboral, ya que este se encuentra participando activamente para ganar una elección. La vida política también es un trabajo”.

Del mismo modo, la jueza estableció que los constantes viajes no resultan un medio probatorio para advertir su fuga. Por último, respecto a la capacidad económica del exmandatario, la magistrada dictaminó que no puede ser analizada ya que se encuentra inmovilizada por el Poder Judicial.   Es decir, los argumentos dados por el fiscal respecto al peligro de fuga no resultan contundentes. 

Por otra parte, sobre el peligro de obstaculización, la fiscalía sostuvo que Martín Vizcarra podría distorsionar las pruebas, pues hubo sospecha que lo hizo en el caso de “Richard Swing”. Al respecto, la jueza indicó que esta es una prueba sospechosa y que no es razonable. 

Con todo ello, se puede establecer que el pedido de prisión preventiva no procede, pues si bien se cumplen de una manera idónea los dos primeros requisitos, no existen argumentos consistentes para que se cumpla el tercer presupuesto. 

Entonces, ¿qué significa el rechazo de la prisión preventiva?

Según la especialista Romy Chang, esta decisión solo abarca la forma o la condición en el que el expresidente Vizcarra tiene que afrontar el proceso. “El objetivo de la prisión preventiva no es evaluar si la persona es culpable o inocente, sino únicamente establecer bajo qué situación o reglas debe afrontar la investigación penal”, acotó. Asimismo, con esta decisión el expresidente deberá acudir cuando la jueza lo dictamine, del mismo modo deberá cumplir con las reglas establecidas por la jueza María de los Ángeles Álvarez. En el caso concreto, “la forma cómo el expresidente debe afrontar el proceso – según el Poder Judicial- no es de la prisión preventiva sino de la comparecencia con restricciones”, manifestó Romy Chang.

OPINIÓN: “En realidad ha sido parte de la estrategia del fiscal el pedir la prisión preventiva. En mi opinión, no era necesario. Podría no haber solicitado la prisión preventiva y presentar un requerimiento donde se solicite una acusación y una pena concreta. Con ello, se pedirá al juzgado que se pase a juicio para que se actúen las pruebas y se emita una sentencia que podría ser condenatoria o absolutoria. Sin embargo, el fiscal ha querido que Martín Vizcarra, antes de presentar la acusación, vaya a prisión todo el tiempo que demore su presentación de acusación y el juicio”.

 EL DATO: Aquí podrá ver la audiencia de pedido de prisión preventiva

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