VRAEM: ¿Estamos ante un conflicto armado o terrorismo?

Derecho internacional
viernes 4 de junio del 2021
371 comentario2

El 23 de mayo pasado, en la región llamada Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), se produjo la muerte de 16 personas, incluyendo menores de edad. ¿Estamos ante (narco)terrorismo o ante un conflicto armado? ¿Qué consecuencias desencadenaría declarar que estemos frente a uno u otro? A fin de analizar esta situación conversamos con el Profesor Alonso Gurmendi, especialista en Derecho Internacional Humanitario.


Escribe: Celeste Meza

A través de un comunicado, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas indicó que «Sendero Luminoso, dirigida por el delincuente Victor Quispe Palomino, en un acto genocida, asesinó la noche del 23 de mayo a 14 personas aún no identificadas, entre las que se encontraban dos niños, quienes fueron hallados calcinados e irreconocibles”. Luego, este número aumentó a 16 personas, según el reporte dado por la Fiscalía. Este siniestro ataque perpetrado en la zona de Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM) trajo muchas interrogantes, pero una de ellas fue si realmente nos encontrábamos en un conflicto armado no internacional (CANI).

El reconocimiento del Estado peruano como CANI

Se considera conflicto armado no internacional (CANI) cuando un grupo armado se enfrenta al Estado; sin embargo, para que sea considerado como tal, según el derecho humanitario, este «grupo armado» u «hostil» debe cumplir, según el Decreto Legislativo 1095, con los siguientes requisitos: i) Mínima organización; ii) Capacidad y decisión de enfrentar al Estado en forma prolongada por medio de armas de fuego; y iii) Participación en las hostilidades o colaboración en su realización.

Según Alonso Gurmendi, en el caso concreto, este reconocimiento por parte del Estado se dio por primera vez a través del Decreto Supremo 076-2016-PCM, indicando explícitamente, en su exposición de motivos, que existe un conflicto armado con el Militarizado Partido Comunista del Perú (MPCP). Dicho Decreto Supremo fue prorrogado por el Decreto Supremo 075-2021-PCM

Pero, ¿qué efectos tiene el reconocimiento del VRAEM como un CANI? 

Frente a un CANI, las condiciones para el uso de la fuerza cambian por parte del Estado, pues en un contexto de conflicto armado no internacional se tiene que emplear los tratados internacionales como el Artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra y Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra de 1949. Así, según Gurmendi, “ante una situación no considerada como conflicto armado no internacional se tiene que agotar todos los medios no violentos. En cambio, cuando existe este reconocimiento se aplican las normas de conflictos armados».  Continuó diciendo: «La violencia por parte del ejercito puede emplearse contra cualquiera que sea partícipe directo en las hostilidades, o sea, miembro del Militarizado Partido Comunista del Perú (MPCP). El Estado incluso puede ocasionar daños colaterales, siempre que esté en el margen del principio de proporcional. Consecuentemente es un derecho flexible con el uso de la fuerza».

¿Hay una dicotomía entre terrorismo y CANI?

Cuando hablamos de CANI se presentan disyuntivas acerca de si este se presenta en oposición al término terrorismo o narcoterrorismo o si este podría encajar en el marco del CANI. Al respecto, el derecho humanitario no brinda una definición acerca de lo que es terrorismo ni tampoco narcoterrrorismo; no obstante, a través de los Convenios de Ginebra y sus dos Protocolos, podemos encontrar aproximaciones acerca la prohibición de este acto. El terrorismo, según los Protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra, es considerado como un acto de violencia o amenaza cuya finalidad es aterrorizar a la población civil.

En el caso de nuestro sistema jurídico, el art. 2 del Decreto Ley N° 25475, modificado en 2016 por el Decreto Legislativo N° 1249, establece el tipo penal de terrorismo de la siguiente manera:

«El que provoca, crea o mantiene un estado de zozobra, alarma o temor en la población o en un sector de ella, realiza actos contra la vida, el cuerpo, la salud, la libertad y seguridad personales o contra el patrimonio, contra la seguridad de los edificios públicos, vías o medios de comunicación o de transporte de cualquier índole, torres de energía o transmisión, instalaciones motrices o cualquier otro bien o servicio, empleando armamentos, materias o artefactos explosivos o cualquier otro medio capaz de causar estragos o grave perturbación de la tranquilidad pública o afectar las relaciones internacionales o la seguridad de la sociedad o de cualquier Estado, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de veinte años».

Para Alonso Gurmendi, los conceptos de CANI y de terrorismo no son excluyentes entre sí. «El terrorismo es un delito; sin embargo, un grupo puede cometer este delito en un tiempo de conflicto armado y, en este caso, podríamos decir que es un crimen de guerra bajo el derecho internacional humanitario o, también, podríamos decir que se comete terrorismo fuera del marco del conflicto armado en donde se considerará un crimen de lesa humanidad», finalizó.

EL DATO: “De acuerdo a lo visto a través de la información pública este ‘grupo’ no parece ser suficientemente intensa y organizada para ser considerada como parte de un conflicto armado. El Estado debe dar un adecuado sustento para la aplicación de estas normas».

COMENTARIOS

  • Angelita Huapaya Rueda dice:

    En mi opinión, cuando hablamos de terrorismo estamos hablando de un delito, que puede existir tanto en estado de paz como en estado de conflicto armado. Ahora bien, según las normas internacionales, para que se configure el CANI, se deberá cumplir los requisitos establecidos en el articulo 3 común a los Convenios de Ginebra, y si existen más elementos, identificados como los desarrolla el protocolo II será aun más evidente su existencia. En tal sentido, en correcto que el Estado peruano reconozca al VRAEM en un CANI, para efectos de que las FFAA puedan actuar conforme a lo desarrollado en el DL 1095 y su reglamento, y con ello se brinda mayores alcances a las FFAA para que puedan actuar debidamente contra un enemigo que no respeta los derechos humanos de nadie y que utiliza el terror para amedrentar.

  • Marco Velarde dice:

    Como abogado de la PUCP debo precisar que el artículo parte de un error de concepción desde el título: el conflicto armado es una situación reconocida por el Derecho Internacional de los Conflictos Armados (Ius ad bellum) y el Derecho Internacional Humanitario (Ius in bello), donde en ambos casos se establecen normas que deben ser respetadas por Estados, grupos beligerantes y otros actores. Mientras que, de otro lado, el terrorismo es considerado como un crimen o delito muy grave cometido por un actor que actúa mediante acciones contra un Estado y una población objetivo con fines de propagación ideológica. En el caso del mencionado artículo y a la luz de las normas citadas, el Estado peruano NUNCA ha reconocido, ni expresa, ni tácitamente, la existencia de un supuesto «conflicto armado interno», a diferencia de lo sucedido en Colombia que sí es reconocido por su gobierno. Tampoco las organizaciones terroristas en el Perú son «grupos beligerantes» reconocidas así por el Estado peruano. Por lo tanto, no son igualmente aplicables las normas del DIH en ambas categorías. Lo que existió en el Perú fue la acción subversiva de dos organizaciones terroristas (SL y MRTA), que recurrrieron a actos terroristas para mediante el terror y la «lucha armada» pretendieron imponer su ideología extremista y destruir el Estado peruano y acabar con su democracia y estado de derecho. Soy testigo directo porque viví la barbarie de esta ideología que debe extinguirse de la misma forma como hoy desapareció su extraviado líder.

DEJA UN COMENTARIO