Yvan Montoya: «Sí hay sospecha relevante contra Pedro Castillo por el delito de colusión»

Derecho constitucional
lunes 20 de junio del 2022
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El Profesor Yvan Montoya, profesor principal PUCP y ex procurador público, comparte con nosotros diversas reflexiones sobre la interpretación del artículo 117 de la Constitución, a propósito de la investigación seguida por la Fiscalía de la Nación contra el presidente Pedro Castillo.

Al respecto, el experto señala que por «acusación» debe entenderse como

el acto central de postulación del Ministerio Público, mediante el cual fundamenta y deduce la pretensión punitiva del Estado (…). Esta es una pretensión que la dirige contra el órgano jurisdiccional para tener la expectativa de la imposición de una pena y la determinación de la conducta como delito. (…). Se trata de un acto central del ejercicio de la acción penal.

Opina, además, que es perfectamente posible llevar a cabo diligencias o investigaciones preliminares, pero, a partir de una lectura más integrada de la Constitución con las Leyes 27379 y 27399, y la regulación del Código Procesal Penal, para formalizar la investigación preparatoria, la Fiscalía de la Nación debe interponer una denuncia constitucional y la consecuente autorización del Congreso.

También opina que existe una amplia gama de medidas de recaudo de medidas de prueba y de medidas limitativas de derechos contra el presidente de la República. No obstante, opina que dos de ellas no serían procedentes y que una sería excepcional, debiendo ser objeto de ponderación por el Fiscal. Las dos primeras serían la detención preliminar y el allanamiento en el despacho presidencial (pero sí en oficinas administrativa conexas). La tercera sería la medida de impedimento de salida del país, pero siempre según la gravedad de los hechos investigados y de los elementos de prueba recaudados, considerando el riesgo de que el presidente investigado pueda sustraerse de la justicia.

La investigación contra Pedro Castillo

El Profesor Montoya menciona que existen diversos razones y elementos de prueba que hacen concluir que existe sospecha relevante que el presidente Castillo ha incurrido en delito de colusión, lo cual justifica la decisión de la Fiscalía de la Nación de ampliar el plazo de investigación preliminar.

Estos son los siguientes:

  1. Tres aspirantes a colaboradores eficaces, cuyas declaraciones han sido parcialmente corroboradas;
  2. el contrato de concesión de Tarata II, en donde la Contraloría General de la República habría demostrado que contiene diversas irregularidades;
  3. grabación entre uno de los colaboradores eficaces (Zamir Villaverde) con el ex Ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Francisco Silva, siendo de extrema confianza del presidente;
  4. una no actuación debida respecto del ex ministro cuando ya era sabido que éste venía designando funcionarios de manera irregular.

Finalmente, el profesor Montoya indica que el artículo 117 de la Constitución está bien formulado al restringir la acusación contra el presidente de la República, pero con un ajuste: añadir expresamente que sea posible realizar las investigaciones preliminares que sean necesarias de acuerdo con las funciones de la Fiscalía de la Nación.

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