Pronunciamiento de diversos miembros del Consejo de Ciencias Sociales en relación a la situación que enfrenta nuestro país

La Facultad de Ciencias Sociales extiende el siguiente pronunciamiento emitido por diversos miembros del Consejo de Ciencias Sociales con respecto al contexto de realidad nacional que enfrenta nuestro país actualmente.

Se invita a los docentes y personal administrativo de nuestra Facultad a suscribir su firma en caso deseen adherirse al pronunciamiento de manera voluntaria y a título personal. Pueden firmar en la parte inferior del documento en este enlace.

CARTA ABIERTA AL PODER EJECUTIVO,  PODER LEGISLATIVO Y SOCIEDAD PERUANA

La Pontificia Universidad Católica del Perú, desde su fundación hace 105 años, mantiene el compromiso de brindar una educación de calidad y, mediante el estudio, mantener una relación cercana con la realidad nacional para alcanzar una sociedad justa y solidaria. En ese sentido, por el respeto a la democracia, la vida y la paz, como miembros de la comunidad de Ciencias Sociales de la PUCP nos dirigimos a todos los miembros de la sociedad peruana para expresar lo siguiente:

• Instamos a que El Congreso de la República reconozca la necesidad del adelanto de elecciones generales para el primer semestre del 2024. El constante rechazo a esta salida democrática ha exacerbado dramáticamente el descontento social a nivel nacional contra la propia institución. En ese sentido, el poder ejecutivo, encabezado por Dina Boluarte, y el legislativo deben articularse bajo este propósito agotando todos los medios posibles en aras de lograr una transición política pacífica que permita avanzar hacia el establecimiento del diálogo como país.

• Lamentamos la muerte de más de 60 compatriotas y los centenares de heridos desde el inicio de las manifestaciones, la mayoría de ellos de regiones andinas, quechua y aymara hablantes, así como menores de edad. Extendemos nuestra sincera solidaridad tanto a las personas afectadas como a sus seres queridos, cuyo dolor es compartido por grandes grupos de la sociedad.

En esa línea, invocamos a cada miembro de la sociedad a no perder su sensibilidad y compromiso para valorar la vida como un derecho supremo e irrevocable, que debe ser defendido en todos los casos. Rechazamos los intentos de minimizar los fallecimientos y agresividad dirigida hacia los protestantes y fuerzas del orden, aludiendo a motivos de origen, raza, idioma, condición económica, opinión política o de cualquier otra índole.

• Reiteramos que las fuerzas del orden deben realizar un proporcional uso de la fuerza cumpliendo su obligación constitucional de garantizar el respeto de los derechos fundamentales de la población peruana en su conjunto. Así, las tácticas empleadas en la respuesta a las protestas en aras de mantener el orden público deben modificarse y el uso de fuerza potencialmente letal debe cesar inmediatamente.

• Reafirmamos que el legítimo derecho a la protesta no excusa de forma alguna acciones delictivas. Rechazamos, por lo tanto, las expresiones criminales de violencia y el aprovechamiento de los modos de protesta para esconder o propiciar actos delictivos que atenten contra la vida y la seguridad pública, los cuales perjudican y quitan legitimidad al mensaje que yace en la protesta. 

• Exigimos al Estado reconocer su responsabilidad institucional, así como investigar y sancionar a los autores individuales de los sucesos que llevaron a las pérdidas de vidas y daños graves a la salud de todos los afectados, además de emprender acciones para intentar reparar el daño ocasionado. Instamos al Estado a apoyar a las familias de todos los fallecidos, tanto en la investigación de sus muertes como en el procesamiento legal de los responsables de las mismas. Asimismo, invocamos que la compensación económica asignada sea periódica a las familias de los afectados, heridos y fallecidos, con pleno conocimiento de ser una medida que no repara el agravio causado puesto que el grado de la pérdida amerita reconocimiento y pedido explícito de perdón.

• Rechazamos las estrategias político-penales y de gestión de recursos humanos y materiales que el actual gobierno ha adoptado para dirigirse a las protestas, tales como el reciente proyecto de ley 4271/2022-PE, el cual busca endurecer las penas privativas de libertad de casos específicos que pueden atribuirse arbitrariamente a manifestantes tanto en la actual coyuntura como en futuras manifestaciones. En la misma línea, llamamos la atención respecto a las reacciones frente a los periodistas y comunicadores sociales, instando a que se priorice su seguridad en el cumplimiento de sus labores sin obstaculizar la misma.

• Condenamos cualquier forma de violencia que ha afectado a manifestantes, periodistas, población civil y miembros de la Policía Nacional del Perú. Ella incluye etiquetar al opositor para deslegitimarlo, mediante el terruqueo, comentarios racistas u otros, haciendo que el diálogo sea inviable.

• Por último, invocamos se impulse con urgencia la constitución de una comisión investigadora independiente que permita esclarecer la verdad, pues resulta fundamental para reponer la confianza ciudadana en nuestras instituciones y, así, construir una paz real. En línea con ello, se deben dejar claras las responsabilidades políticas, del Congreso, Ejecutivo y autoridades regionales, para una elección informada en futuras elecciones, basada en el comportamiento de los principales actores políticos.

 Suscriben:

• Miembros del Consejo de la Facultad de Ciencias Sociales:

–        Carlos Aramburú López de Romaña

–        Janina León Castillo

–        David Sulmont Haak

–        Norma Fuller Osores

–        Pedro Francke Ballvé

–        Alejandro Lugon Ceruti

–        Omar Pereyra Cáceres

–        Oscar Vidarte Arévalo

–        Erick Arbieto Ramos

–        Esteban Gavilán Diaz

–        Celeste Medina Gonzales

–        Alexandra Porras Jacobo

–        Gabriela Narváez Leyva

–        Centro Federado de la Facultad de Ciencias Sociales