La profesora e investigadora de la Facultad de Gestión y Alta Dirección de la PUCP analiza cómo el fenómeno de El Niño puede afectar la producción agrícola, la seguridad alimentaria y los medios de vida de la población. Además, reflexiona sobre los desafíos de la prevención y el papel de la Gestión para articular esfuerzos entre el Estado, la empresa privada, la academia y la ciudadanía.

¿Por qué el fenómeno de El Niño debe preocuparnos más allá de sus efectos climáticos?

Porque sus consecuencias no se limitan a las lluvias, las inundaciones o las sequías. También afectan directamente a la agricultura, la ganadería, el transporte, el empleo y el acceso a los alimentos. Cuando se interrumpen las carreteras o disminuye la producción agrícola, por ejemplo, los alimentos pueden escasear o encarecerse, lo que perjudica especialmente a las familias más vulnerables.

En este escenario, coinciden el fenómeno de El Niño costero y el fenómeno de El Niño global, que altera los patrones climáticos a escala mundial. Sus efectos varían según la región: mientras la costa norte enfrenta lluvias intensas e inundaciones, la sierra sur y la Amazonía pueden experimentar sequías, heladas y friaje.

Por eso, es importante comprender este fenómeno desde una perspectiva integral. Una alteración climática puede convertirse también en un problema económico y social, con consecuencias para los productores, los trabajadores y las familias que dependen del abastecimiento de alimentos.

¿Cómo puede afectar el fenómeno de El Niño a la seguridad alimentaria?

La seguridad alimentaria implica que las personas puedan acceder de manera constante a alimentos suficientes y de calidad nutricional adecuada. Para ello, deben cumplirse varias condiciones: que los alimentos estén disponibles, que las familias cuenten con los recursos económicos para adquirirlos y que estos cubran sus necesidades nutricionales.

El fenómeno de El Niño puede afectar estas condiciones de distintas maneras. Si disminuye la producción agrícola, los agricultores pueden perder sus cosechas y fuentes de ingresos, lo que reduce la disponibilidad de alimentos y afecta el empleo rural. Estas consecuencias también pueden repercutir en los precios de los alimentos que llegan a las ciudades. Asimismo, la interrupción de las vías de transporte dificulta su distribución. Cuando los precios aumentan, muchas familias, especialmente las más vulnerables, enfrentan mayores dificultades para adquirirlos.

Por eso, es importante considerar toda la cadena de abastecimiento, desde la producción hasta la llegada de los alimentos a los hogares. Proteger la seguridad alimentaria también implica proteger los medios de vida de quienes producen nuestros alimentos.

¿Qué dificultades enfrenta el país para prepararse ante estos escenarios?

Uno de los principales problemas es la falta de prevención estratégica y de continuidad en la gestión pública. Los cambios frecuentes de autoridades y equipos técnicos pueden interrumpir proyectos y dificultar que las medidas preventivas se mantengan en el tiempo. A ello se suma la falta de articulación entre los distintos niveles de gobierno y los sectores involucrados.

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego no puede trabajar de manera aislada del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, del sector Salud o del sector Transportes. Si una carretera queda destruida, se afecta la cadena de abastecimiento de alimentos. Asimismo, si se produce una emergencia sanitaria por enfermedades como el dengue o la leptospirosis, la alimentación adecuada también es importante para la recuperación de los pacientes.

Otro desafío es contar con información actualizada e integrada que permita identificar qué agricultores, territorios y poblaciones son los más afectados. Sin estos datos, resulta más difícil priorizar recursos y diseñar intervenciones oportunas.

En este punto, la anticipación es clave. La planificación debe realizarse antes de que ocurra una emergencia. No basta con actuar cuando los daños ya se han producido: es necesario identificar riesgos, preparar presupuestos, fortalecer la infraestructura y establecer mecanismos de coordinación con anticipación.

¿Qué medidas pueden contribuir a reducir los impactos y qué papel cumplen los distintos actores?

Es necesario contar con una comisión multisectorial que reúna al Estado, la empresa privada, la academia y la sociedad civil. Un solo ministerio no puede asumir una responsabilidad de esta magnitud. La coordinación permite aprovechar las capacidades de cada actor y orientar los esfuerzos hacia objetivos comunes.

Desde el Estado, además de otorgar bonos de emergencia, se pueden impulsar trabajos preventivos y programas de empleo temporal para realizar labores como la descolmatación de ríos y canales de riego, el refuerzo de defensas ribereñas y la reparación de infraestructura en carreteras, colegios y hospitales. Por su parte, la empresa privada puede contribuir con recursos, maquinaria y mecanismos de colaboración, como las obras por impuestos.

También es fundamental atender a las poblaciones más vulnerables. El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, en coordinación con los gobiernos regionales y las municipalidades, debe cumplir un papel importante en el fortalecimiento de los comedores populares y en la implementación de mecanismos de apoyo alimentario que faciliten el acceso de las familias a productos en sus propias localidades.

La tecnología y la comunicación también son necesarias. Contar con sistemas de información integrados permite tomar mejores decisiones y distribuir los recursos de manera más eficiente. Al mismo tiempo, la ciudadanía debe recibir mensajes claros sobre prevención, como evitar arrojar residuos en las canaletas de los desagües y en los ríos, adoptar medidas para prevenir el dengue y evitar la quema de pastizales.

La respuesta no puede depender de un solo actor: requiere coordinación, información y capacidad para actuar antes de que los riesgos se conviertan en daños mayores.

Desde la Gestión, ¿qué aprendizajes deja esta problemática para los futuros profesionales?

El principal aprendizaje es que la Gestión no consiste únicamente en manejar cifras o buscar rentabilidad financiera. También implica comprender el entorno, coordinar personas y organizaciones, administrar recursos y generar respuestas frente a problemas complejos.

Los desafíos asociados al fenómeno de El Niño exigen una mirada sistémica y multidisciplinaria. Una carretera dañada no afecta solamente a la infraestructura: puede interrumpir el transporte de alimentos, perjudicar a los productores y dificultar el acceso de la población a bienes y servicios esenciales. Por ello, las decisiones deben considerar sus efectos en la economía, la salud, la educación, el empleo y el bienestar de las personas.

Los estudiantes de Gestión pueden contribuir mediante investigaciones, proyectos, prácticas preprofesionales y tesis vinculadas con problemas concretos, como la seguridad alimentaria, el uso del agua, la prevención de riesgos y la recuperación de actividades productivas. También pueden participar en iniciativas de voluntariado que otorguen créditos académicos a través de cursos de la Facultad, así como en campañas de apoyo a las poblaciones afectadas.

La formación en Gestión brinda herramientas para organizar equipos, administrar recursos, analizar información y desarrollar proyectos. Estas competencias pueden ponerse al servicio de necesidades reales, en colaboración con especialistas de otras disciplinas y con las comunidades involucradas.

¿Qué mensaje final compartiría con la comunidad universitaria?

Debemos aprender a trabajar en conjunto. El Perú cuenta con una gran diversidad de recursos y capacidades, pero ningún sector puede afrontar estos desafíos por sí solo. Necesitamos fortalecer la cooperación entre instituciones, disciplinas y personas, dejando de lado los intereses individuales cuando está en juego el bienestar colectivo.

También debemos actuar con empatía, solidaridad y conocimiento técnico. La técnica sin empatía puede volverse fría y alejarse de las necesidades de las personas; sin embargo, la empatía sin conocimiento técnico tampoco es suficiente para resolver problemas estructurales. La buena voluntad es fundamental, pero debe ir acompañada de planificación y decisiones fundamentadas.

Desde el Gobierno, la empresa privada, la academia y la ciudadanía, cada actor tiene una responsabilidad. Para los futuros gestores, el reto es poner sus conocimientos y habilidades al servicio de la sociedad, contribuir al desarrollo de soluciones sostenibles y comprender que gestionar también significa trabajar por el bienestar de los demás.