En el escenario de segunda vuelta de las elecciones generales de 2026, la contienda presidencial se definirá entre los partidos Juntos por el Perú y Fuerza Popular. Ambas agrupaciones plantean visiones distintas sobre el rumbo del país, especialmente en temas vinculados al empleo, la formalización y la inclusión laboral, lo que vuelve necesario analizar no solo las propuestas, sino también su viabilidad de implementación.
Mayen Ugarte Vásquez Solís, profesora de la Facultad de Gestión y Alta Dirección de la PUCP, especialista en reforma del Estado y ex secretaria de Gestión Pública de la PCM, reflexiona sobre los principales desafíos de gestión que enfrentará el próximo gobierno para convertir las promesas electorales en políticas públicas efectivas.
Muchos planes de gobierno presentan propuestas sobre el mercado laboral, pero sin detallar cómo implementarlas. ¿Qué aspectos de gestión deberían evaluar los electores para distinguir qué propuestas son realmente viables?
Para diferenciar una propuesta viable, el elector debería observar tres pilares fundamentales. Primero, la coherencia: verificar si la promesa de empleo formal guarda relación con el diagnóstico del país, la política económica y el presupuesto planteado. Si un candidato ofrece resultados ambiciosos y, al mismo tiempo, propone reducir recursos para capacitación o fiscalización, existe una contradicción técnica evidente.
El segundo aspecto es la capacidad de implementación. Es decir, identificar quién ejecutará la medida, cómo se coordinará con regiones y municipios, y en qué plazos se desarrollará. Un plan serio reconoce instituciones responsables, programas concretos y metas medibles; no se limita únicamente al eslogan.
Finalmente, está la viabilidad financiera: cuánto costará lo prometido y de dónde provendrán los recursos. En esta segunda vuelta, la pregunta clave para los candidatos debería ser: ¿qué entidad lo hará, con qué recursos y cómo se evaluará su funcionamiento?
Considerando que la informalidad en el Perú tiene características distintas según el territorio y el sector económico, ¿qué estrategias de gestión pública deberían priorizar los partidos para evitar repetir políticas generales que no han funcionado en los últimos años?
La informalidad en el Perú no es homogénea. No enfrenta los mismos problemas un comerciante ambulante en Lima que un agricultor rural o una trabajadora del hogar. Cuando se aplican políticas generales, esas diferencias quedan invisibilizadas y las posibilidades de fracaso aumentan.
Por ello, los partidos deberían proponer estrategias diferenciadas según territorio y sector. Esto implica diseñar rutas específicas de formalización para actividades como comercio, agricultura o transporte, en lugar de mantener un único programa nacional estandarizado.
Además, resulta indispensable fortalecer el trabajo articulado con gobiernos regionales y locales, ya que son estas instancias las que gestionan el ordenamiento del espacio público y buena parte de la orientación laboral. En ese sentido, se requiere una gestión más flexible, con esquemas graduales que permitan a las micro y pequeñas empresas incorporar obligaciones y beneficios de manera progresiva, considerando la diversidad del mercado laboral peruano.
Muchos jóvenes ingresan al mercado laboral en condiciones informales y no priorizan la seguridad social. ¿Qué medidas podrían impulsar los próximos gobiernos para incentivar su inclusión sin generar rechazo, especialmente en el corto plazo?
En el caso de los jóvenes, el problema no suele ser la falta de interés personal por la formalidad, sino que ingresan a entornos laborales donde las empresas operan informalmente y no los registran en planilla. Por ello, la gestión pública debe enfocarse principalmente en modificar los incentivos para los empleadores.
Una medida efectiva sería reducir temporalmente el costo de los aportes previsionales para trabajadores jóvenes y simplificar los trámites de registro. Asimismo, resulta clave vincular los programas estatales de empleo y capacitación a la obligación de contratación formal.
Bajo este esquema, el joven no tendría que decidir si acceder o no a la seguridad social, ya que al incorporarse a un programa promovido por el Estado contaría automáticamente con cobertura desde el primer día. De esta manera, se reducen barreras de acceso y se fomenta una cultura de formalidad sin que el trabajador perciba inicialmente la formalización como una carga adicional.
